El Gobierno nacional ajusta su estrategia legislativa para no dilatar la discusión de la reforma laboral y cumplir con el plazo político que fijó el presidente: que el debate quede saldado antes de febrero. Con el capítulo sindical blindado y sin margen para concesiones, la Casa Rosada abre, en cambio, una ventana de negociación en el frente tributario, donde se juega buena parte del respaldo de los gobernadores.
Puertas adentro del Ejecutivo reconocen que el escollo principal no es ideológico sino fiscal. El impacto que tendría la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades sobre los recursos coparticipables encendió alertas en las provincias y puso en duda los votos necesarios en el Congreso.
Por eso, los sectores más pragmáticos del oficialismo evalúan retoques puntuales en el articulado impositivo, siempre bajo una condición: que esos cambios se traduzcan en un acompañamiento político más amplio.
En Balcarce 50 descartaron de plano cualquier esquema de compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas direccionadas o fondos extraordinarios. La consigna es clara: no habrá “atajos” ni acuerdos paralelos. Las alternativas que se analizan, explican, pasan exclusivamente por ajustes dentro del texto de la ley, con especial atención en los tiempos y modalidades de la baja impositiva.
Gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada ya hicieron saber que no avalarán una reducción de impuestos coparticipables sin un esquema de transición que amortigüe el golpe sobre las finanzas provinciales. Esa advertencia es la que empuja al Gobierno a aceptar una revisión acotada del capítulo tributario, aun cuando el escenario ideal -repiten- sigue siendo aprobar el proyecto sin cambios.
Distinta es la postura frente al capítulo sindical. El Ejecutivo ratifica que no habrá modificaciones en los artículos vinculados a sindicatos, convenios colectivos y representación gremial. Aunque existen contactos informales con dirigentes de la CGT, en el oficialismo descartan una convocatoria institucional y minimizan la amenaza de medidas de fuerza. “El espíritu de la ley no se toca”, sostienen cerca del Presidente.
Las negociaciones políticas están encabezadas por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien concentra el diálogo con los mandatarios provinciales. En las últimas semanas ya se reunió con Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta), y tiene previstos encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Con el calendario apretado y el Congreso como escenario central, el Gobierno apuesta a una ingeniería fina: ceder lo justo en materia tributaria para garantizar votos, sin resignar el núcleo duro de la reforma laboral que busca aprobar antes de que termine el verano político.
