Desde el ámbito sindical, calificaron la resolución judicial como “un acto de justicia” que frena la implementación de disposiciones que, según sostienen, significaban un fuerte perjuicio para los trabajadores. En esa línea, remarcaron que la medida cautelar evita lo que definieron como un “saqueo de derechos”, cuestionado previamente por las distintas centrales obreras.
Asimismo, señalaron que, lejos de resolver problemas estructurales como el desempleo o la informalidad laboral, la normativa suspendida podría haber agravado la situación al debilitar las condiciones de protección de los trabajadores registrados. En consonancia con los fundamentos del fallo, también plantearon objeciones sobre la constitucionalidad de la ley.
En ese contexto, apuntaron contra los legisladores que acompañaron la iniciativa en el Congreso, al considerar que existían advertencias previas sobre su posible incompatibilidad con la Constitución Nacional.
Por otra parte, destacaron el rol del equipo jurídico de la Confederación General del Trabajo (CGT), al que atribuyeron la obtención de este primer fallo favorable, y adelantaron que continuarán las acciones judiciales en conjunto con otras centrales sindicales, entre ellas las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Finalmente, desde el sector gremial indicaron que la medida cautelar se inscribe en una estrategia más amplia de resistencia frente a la reforma laboral, y anticiparon que las acciones continuarán hasta lograr la derogación definitiva de la normativa cuestionada.
