El fiscal Lucas Papini solicitó que Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, sea declarado penalmente responsable por administración fraudulenta, en el marco de una causa que investiga el presunto desvío de fondos sindicales por más de $22,7 millones. El pedido fue presentado durante los alegatos finales del juicio oral que se desarrolla ante la jueza Karina Breckle.
Según la acusación, entre agosto de 2019 y mayo de 2023 el dirigente realizó transferencias desde la cuenta institucional del gremio hacia cuentas bancarias propias, sin presentar rendiciones sobre el destino del dinero.
La investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP) estableció que los fondos provenían de las cuotas sindicales que el Estado descontaba a los trabajadores y depositaba en una cuenta de ATE Chubut en el Banco del Chubut.
EN QUÉ SE HABRÍAN UTILIZADO LOS $22 MILLONES
Durante su exposición, Papini detalló que la pericia contable permitió identificar gastos vinculados con pagos de tarjetas de crédito, compra de bienes muebles, una membresía deportiva, viajes al exterior y transferencias a los hijos del acusado.
Además, el fiscal presentó una comparación entre los ingresos y los gastos personales de Quiroga durante el período investigado. De acuerdo con los datos expuestos, el dirigente tuvo ingresos legítimos por $13.325.936, mientras que sus gastos alcanzaron los $30.338.917.
La diferencia fue de $17.012.981, un monto que, según la Fiscalía, resulta compatible con los fondos provenientes del sindicato.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de rendiciones de cuentas. Papini sostuvo que desde 2019 no se realizaron congresos provinciales para informar a los afiliados sobre el destino de los recursos, pese a que el estatuto gremial establece la realización de esas instancias cada año.
QUÉ PLANTEÓ LA DEFENSA
Durante el juicio, algunos testigos presentados por la defensa aseguraron que Quiroga entregaba $700.000 mensuales a trabajadores que no cobraban sus salarios como auxiliares de la educación.
Sin embargo, el fiscal cuestionó la veracidad de esas declaraciones y señaló que, “en 2019, ni siquiera un ministro percibía un salario de esa magnitud”.
También sostuvo que la defensa no presentó pruebas suficientes para contrarrestar los elementos reunidos durante la investigación.
Las dos querellas que participan del proceso acompañaron la hipótesis de la Fiscalía y respaldaron el pedido de responsabilidad penal para el dirigente.
Por su parte, la denunciante Claudia Barrionuevo hizo uso de la palabra al cierre de los alegatos y pidió justicia. “No todos los sindicalistas son iguales”, afirmó. Quiroga también tuvo la posibilidad de expresarse y sostuvo que es inocente.
CUÁNDO SE CONOCERÁ LA DECISIÓN JUDICIAL
Después de escuchar los planteos de las partes, la jueza Karina Breckle informó que utilizará el plazo legal de cinco días hábiles para resolver el caso.
La lectura del veredicto está prevista para el miércoles de la próxima semana, en una audiencia oral y pública cuyo horario será establecido por la Oficina Judicial de Rawson.
En su intervención final, Papini insistió en que la Fiscalía logró acreditar los hechos investigados y solicitó que Quiroga sea declarado penalmente responsable por administración fraudulenta, además de requerir el pago de las costas y los gastos del proceso. La decisión de la jueza determinará si el dirigente es declarado responsable del delito que le atribuye la acusación.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR
