La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F), denunció que el Gobierno Nacional de Javier Milei volvió a la carga contra el sector de la Marina Mercante. Luego de que el Congreso rechazara el polémico DNU 340/25, el Ejecutivo busca ahora, mediante una resolución administrativa, sortear la decisión del Congreso e intenta reinstaurar la desregulación del cabotaje nacional.
Se trata de la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada el pasado 9 de septiembre de 2025. Desde el gremio, la medida fue calificada de «maniobra encubierta» para aplicar una flexibilización laboral que viola la división de poderes, con el único objetivo de reducir costos a las empresas.
«Es una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados», apuntó el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
Antecedentes del conflicto y la nueva ofensiva del Gobierno
La nueva norma se inscribe en una serie de tensiones que la administración de Javier Milei mantuvo con el sector. El oficialismo ya había intentado modificar el régimen pesquero en la Ley de Bases, declaró la actividad como «esencial» por DNU, y eliminó figuras históricas del Régimen de Navegación (REGINAVE).
La Resolución 41/25, denuncia el sindicato, apunta a restituir los efectos del DNU 340/25 que había sido revertido. El mecanismo es sutil: la normativa altera el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (19.492) y a la Ley de Marina Mercante (27.419).
En lugar de mantener el sistema de publicaciones y consultas previas, la ANPyN ahora permite el uso de una simple declaración jurada para aducir la «falta de disponibilidad» de buques de bandera argentina. Esta vía rápida habilita a embarcaciones extranjeras a operar en tráficos reservados para la flota nacional.
El objetivo: reducción de costos laborales
Moreno fue claro al advertir sobre la motivación detrás de esta política: «Hay un capricho en desregular la Marina Mercante, y es que quieren bajar los costos laborales, directos o indirectos», apuntó.
El gremialista explicó que, si bien el Gobierno cree que la desregulación reducirá los costos laborales y las contribuciones patronales, el efecto real es la «vulneración de derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales» de los trabajadores argentinos. «Prefieren meter tripulación extranjera en el cabotaje y eliminar los controles que protegen el trabajo argentino», agregó.
Denuncia formal y casos concretos
La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F), que agrupa a los principales gremios del sector, formalizó su rechazo a esta nueva política. El pasado 15 de septiembre de 2025, la Federación elevó una nota a la ANPyN denunciando la emisión de certificados de excepción y el incumplimiento de la Ley 27.419 por parte de las empresas beneficiarias.
El documento señala casos específicos que la Federación calificó como «llamativos, por no decir sospechosos». Entre ellos se mencionan los remolcadores de bandera paraguaya “Lautaro C” y “GF Humaitá”, a los que se les otorgaron permisos sucesivos a favor de Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y Agencia Marítima Nabsa S.A. Estas embarcaciones operan en puertos nacionales con tripulación extranjera, en presunta violación del artículo 30 de la Ley 27.419, que exige el embarque de personal argentino.
La Fe.Si.Ma.F solicitó a la ANPyN intimar a las empresas, como Mediterranean Shipping Company S.A., a cumplir con la normativa vigente y garantizar la presencia de tripulantes argentinos en los buques que operan bajo este régimen de excepción.
