Los trabajadores de FATE, a través del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), presentaron a los bloques legislativos bonaerenses una propuesta concreta de proyecto de ley para preservar la producción de neumáticos para camión y colectivo. La iniciativa, decidida en asamblea, busca evitar el cierre de la única fábrica del país que produce estos productos estratégicos y prevenir el desastre social que implicaría la pérdida de puestos de trabajo para mil familias de forma directa y más del quíntuple de manera indirecta.
Qué dice el proyecto de los trabajadores
El SUTNA pone a disposición de los bloques, diputados y senadores el material elaborado por sus abogados, economistas y profesionales especializados, abierto a modificaciones con la condición de que se mantenga el espíritu del escrito: preservar la producción de un producto estratégico e irremplazable en tiempos de tensión bélica internacional y proteger simultáneamente los puestos de trabajo.
El proyecto de ley tiene como objetivo preservar la producción de neumáticos, considerados elementos de seguridad y productos esenciales —tal como se evidenció durante la pandemia, cuando se reanudó inmediatamente su fabricación y no se permitió su interrupción, ya que ambulancias, vehículos de seguridad y autobombas requerían suministro irreplazable de cubiertas.
FATE es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país, y su producción resulta estratégicamente necesaria e irremplazable para el funcionamiento del transporte de bienes y personas en todo el territorio nacional, inclusive para exportaciones vía terrestre. En el contexto bélico internacional, existe la posibilidad cierta de una escasez regional de neumáticos que obligue a Argentina a autoabastecerse para evitar un colapso en el transporte.
La iniciativa para resguardar 920 empleos
La propuesta permite el control momentáneo del directorio de FATE por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para asegurar la continuidad operativa, mantener la producción de cubiertas y resguardar a miles de familias trabajadoras. Esta acción no implicaría costo alguno para el gobierno provincial, ya que tendría carácter transitorio y devolvería el control a la compañía una vez que presente un plan real que asegure la continuidad operativa.
La iniciativa surge tras el anuncio de cierre definitivo de la planta en San Fernando (Virreyes) realizado en febrero de 2026 por la empresa, que dejó sin empleo a alrededor de 920 trabajadores, en medio de un conflicto que incluyó conciliaciones obligatorias, permanencia de trabajadores en la planta y medidas de fuerza del sector.
