En un nuevo capítulo de la tensa pulseada con el gobierno de Javier Milei, los sindicatos universitarios intensificaron su plan de lucha con un paro docente nacional de 24 horas convocado para este martes para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida, impulsada por la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), responde al incumplimiento de la promulgación y ejecución de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario, ratificada por amplias mayorías en el Congreso tras el veto presidencial. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza hoy una jornada de visibilización y mañana martes un paro de actividades.
Docentes universitarios, en lucha
Desde la FEDUN, el secretario general Daniel Ricci denunció la actitud del Ejecutivo como «inaudita en la historia de la democracia de nuestro país», al recusar un presidente que «se niegue a financiar las leyes que vetó, pero fueron ratificadas en ambas cámaras por amplias mayorías». Ricci subrayó que «claramente de concretarse se tratará de una decisión autoritaria y antidemocrática», y llamó a votar el 26 de octubre a candidatos que defiendan las universidades públicas y la democracia, en línea con lo resuelto en el último Congreso Extraordinario de la Federación.
La FEDUN enfatizó que, tras dos años de lucha y marchas masivas, «quedó demostrado que los y las argentinas queremos financiamiento para nuestras universidades«, y reiteró su compromiso en unidad con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estudiantes y otros gremios para defender «la Universidad Pública, gratuita, de calidad y al servicio de los pueblos».
Nodocentes intensifican el plan de acción
Por su parte, FATUN, que nuclea a los trabajadores nodocentes, resolvió el paro de 24 horas «sin concurrencia a los lugares de trabajo» para este martes, ante el «incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial y dar cumplimiento a la misma».
El Plenario de Secretarios Generales y el Consejo Directivo de la Federación anunciaron que iniciarán «acciones legales pertinentes, en forma coordinada con el CIN y el Frente Sindical Universitario», para garantizar «la plena aplicación real y efectiva de la citada Ley».
La continuidad de las medidas en Univesidades
CONADU, en tanto, elevó la apuesta con una jornada nacional de protesta que se extenderá de martes 21 a miércoles 22 de octubre, incluyendo un paro docente de 24 horas «a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales» y acciones de visibilización durante toda la semana.
El gremio alertó sobre «la situación sumamente grave en las universidades», donde «a los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente». Criticó la probable suspensión de la ley por parte del gobierno –similar a lo ocurrido con la emergencia en discapacidad– y la negación de las paritarias universitarias desde hace un año, en un «ataque al modelo sindical».
El Plenario de CONADU, con representantes de gremios como ADIUC, ADUNTREF, ADUNIPE y otros, resolvió fortalecer «la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces».
El Gobierno promulgó, pero no aplica la Ley de Financiamiento Universitario
La escalada sindical se topó con una respuesta del gobierno que los gremios interpretan como un desafío directo. En las primeras horas de este martes, el Ejecutivo promulgó la Ley Nº 27.795 mediante el Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial, junto con la Ley Nº 27.796 de Emergencia Pediátrica. Sin embargo, suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2026, invocando el artículo 5° de la Ley Nº 24.629 sobre ejecución del gasto público. Según cálculos oficiales, la norma implicaría un gasto de aproximadamente $1,07 billones en 2025 para recomposición salarial, becas y recursos en tecnología, investigación y extensión universitaria, con actualizaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La Procuración del Tesoro respaldó la decisión, advirtiendo que ejecutar la ley sin partidas presupuestarias sería «incompatible con la ley y podría generar responsabilidad funcional». Para 2026, se estima un costo superior a $2 billones. Esta promulgación parcial, ratificada tras los vetos de Milei el 2 de octubre, fue vista por los sindicatos como una provocación que ignora los plazos legales y las mayorías legislativas, profundizando el conflicto en vísperas de las elecciones del 26 de octubre.
El paro docente de hoy paralizará las actividades en universidades públicas de todo el país, en un reclamo unificado por la defensa de la educación superior gratuita y de calidad frente a las políticas de ajuste del gobierno de Milei.
