La organización gremial defendió su rol histórico en la formación de trabajadores y negó haber recibido las cifras millonarias mencionadas.
«La Unión Tranviarios Automotor nunca creó monopolio alguno. El Estado puede (y lo hizo) crear monopolios por razones estratégicas», aclaró la entidad a través de un comunicado firmado por Roberto Carlos Fernández, Secretario General de la UTA. El gremio destacó que cuenta con la estructura y la experiencia necesarias para brindar las capacitaciones requeridas a los conductores de transporte de pasajeros.
Acusaciones y respuesta
Desde el Gobierno Nacional se eliminó recientemente la exclusividad que tenía la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP), entidad vinculada a la UTA, para llevar adelante estos cursos. Según la información oficial, esta medida busca «fomentar la competencia» y evitar monopolios, al permitir que nuevos prestadores ingresen al sistema. Sin embargo, desde la UTA calificaron estas afirmaciones como imprecisas y tendenciosas.
«La AEFTP es la única entidad con estructura, conocimiento e historia para dar las capacitaciones necesarias», argumentó la UTA, a la vez que puso en duda la calidad y la seguridad de las nuevas academias que podrían surgir. Advirtieron que «esperemos que no proliferen academias que otorguen licencias sin control, porque lo primero que se dirá será: ‘¿y si hizo el curso en academia…?'», alertaron.
Cifras en disputa
El gremio también desmintió haber recibido más de 11 mil millones de pesos anuales desde 2019, como señaló la Secretaría de Transporte. Fernández aseguró que los ingresos de la asociación «apenas suman algo más del 10% de esta cifra» y agregó: «Errar es de humano, rectificar es de sabio. Asumir el error es muestra de carácter».
Preocupación por la seguridad
Desde la UTA reiteraron su preocupación sobre cómo esta apertura podría afectar la formación profesional y la seguridad de los conductores y pasajeros. «La experiencia y el prestigio en las capacitaciones no pueden ponerse en riesgo», insistieron. La eliminación de la exclusividad es parte de un paquete más amplio de desregulación y medidas económicas impulsadas por el gobierno.
«Digamos la verdad para ser claros y precisos; la ligereza en las cifras que se dicen, al menos, sorprende», concluyó Roberto Carlos Fernández.
La tensión entre el Gobierno y la UTA crece mientras se redefine quiénes podrán brindar capacitaciones en un sector clave para el transporte público y la seguridad vial.
