La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó este miércoles un comunicado en el que advierte que «la paciencia se convierte en un bien escaso» y que la paz social en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) corre riesgo. A través de un documento firmado por su secretario general, Roberto Carlos Fernández, el gremio responsabilizó tanto a los empresarios como al Estado por el estancamiento de las negociaciones salariales y rechazó de plano cualquier excusa que intente justificar la falta de actualización de los haberes.
La UTA además sostuvo que «los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, ‘lloran’, nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas, se escudan en el Estado». Frente a esta postura, el gremio fue tajante: «Nuestros empleadores son los empresarios, nuestro contrato de trabajo es con las empresas, no con el Estado, ellos deben pagar nuestro salario. UN SALARIO DIGNO». La organización sindical dejó en claro que no aceptará que las empresas trasladen sus problemas de rentabilidad a los trabajadores y advirtió que los subsidios son «ajenos a los trabajadores» y deben ser negociados por quienes corresponden.
El reclamo se da en un contexto de fuerte tensión. Los ingresos básicos de los choferes permanecen congelados desde abril en un piso de aproximadamente $1,57 millones mensuales, y desde la UTA estiman un atraso salarial cercano al 15%. El gremialista Fernández ya había enviado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que reclamó que se traten «las cuestiones pendientes» y advirtió que «la paz social peligra». En ese documento, el gremio cuestionó el ajuste fiscal y señaló que el superávit «no se puede construir con los salarios de los trabajadores del transporte».
La respuesta del Gobierno hasta el momento ha sido tibia. Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que la carta de la UTA «está mal dirigida» porque la negociación formal corresponde a las empresas y el interlocutor gremial debería ser el secretario de Trabajo. Mientras tanto, las cámaras empresarias del sector argumentan que no pueden ofrecer mejoras sin una actualización de los subsidios o una suba de tarifas, pero desde el Ministerio de Economía rechazan ampliar las partidas presupuestarias por el déficit fiscal. El Gobierno prevé estirar las negociaciones con varias audiencias fallidas antes de dictar una conciliación obligatoria, lo que abriría una tregua forzada de 15 días hábiles.
El gremio, sin embargo, dejó en claro que no está dispuesto a esperar. «Sabemos qué medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional», advirtió Fernández en el comunicado, en un mensaje que mantiene en vilo a los pasajeros del AMBA. Aunque no se fijó una fecha concreta para un paro, el sindicato advirtió que «el desgaste no suma sino resta» y que cualquier decisión futura dependerá de la respuesta que obtengan tanto del Gobierno como de las empresas. La amenaza de una interrupción del servicio se suma a la incertidumbre que ya generó el recorte de frecuencias dispuesto por las compañías en las últimas semanas.
