El proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei que se tratará en el Senado de la Nación a partir del próximo 2 de febrero, incluye, entre otras cláusulas regresivas para los trabajadores, la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema nacional del seguro de salud.
Lejos de tratarse de una medida neutra o meramente técnica, esta decisión impacta de manera directa sobre el financiamiento del sistema solidario de salud, en un contexto de fragilidad estructural ya reconocido por todos los actores del sector.
Básicamente, el sistema de obras sociales se financia actualmente a través de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su remuneración y una contribución del empleador del 6%, lo que totaliza un 9%.
¿Qué propone la reforma?
La reforma laboral propone reducir la contribución patronal al 5%, llevando el financiamiento total al 8% (3% + 5%). En términos concretos, se sustrae un punto completo del principal mecanismo de sostenimiento del sistema, que equivale a un 11,11% menos de recaudación para el sistema de salud.
Este recorte porcentual se replica de manera directa en la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución, agravando el impacto sobre las prestaciones destinadas a las poblaciones más vulnerables. Todo ello, sin prever ninguna fuente alternativa de compensación.
De lo recaudado, el Estado, a través de la ARCA, retiene el 15% con destino al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), desde el cual se financian las prestaciones de discapacidad, los subsidios automáticos (SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO) y parte de los costos asociados a prestaciones de alto costo y baja incidencia que brindan los Agentes del Seguro de Salud mediante el sistema SURGE.
Según los datos oficiales de la última recaudación informada correspondientes al mes de agosto de 2025, indica que la reducción de un punto implicará una pérdida estimada mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario y de más de $90.000 millones mensuales para el conjunto de las Obras Sociales, cifras que deben multiplicarse por trece al considerar el Sueldo Anual Complementario.
La menor recaudación del Fondo Solidario tiene consecuencias sanitarias inmediatas. Menos recursos para discapacidad, menos fondos para los subsidios automáticos que hoy resultan indispensables para sostener un nivel mínimo de prestaciones, menor respaldo para la cobertura de jubilados a través del subsidio denominado SUMA 65 y menor compensación para monotributistas (subsidio denominado SUMARTE), cuyos aportes mínimos se encuentran muy por debajo del costo real del PMO que la normativa exige garantizar.
Este ajuste se aplicaría, además, sobre un sistema que ya se encuentra severamente desfinanciado. La caída de la actividad económica, los salarios reales atrasados y el crecimiento del empleo informal han reducido en términos reales los ingresos del sistema.
Las obras sociales están legalmente obligadas a brindar cobertura integral únicamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones, lo que las deja sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar la prestación. Ajustar sobre las Instituciones Sociales no es una decisión solo técnica, es erosionar un modelo solidario y avanzar sobre estructuras vinculadas a la organización colectiva de los trabajadores.
Desde una perspectiva institucional, resulta inadmisible que una reforma laboral se financie a costa del sistema de salud. El recorte propuesto no fortalece el empleo ni mejora las condiciones laborales, traslada el ajuste a los sectores más vulnerables y profundiza la crisis sanitaria.
En ese marco, desde la Secretaría de Acción social de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) repudiamos este intento de reforma y el desfinanciamiento del sistema nacional del seguro de salud, por atentar contra el modelo solidario de cobertura de salud de las trabajadoras y los trabajadores.
Corresponde advertir, finalmente, que el desfinanciamiento del sistema del seguro de salud no es una consecuencia colateral, sino una decisión política cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la promuevan y la apliquen. Nos encontramos en estado de alerta para evaluar y adoptar las herramientas constitucionales pertinentes en defensa del sistema solidario de salud, bregando por la continuidad de la cobertura médico asistencial de calidad que merecen los trabajadores y trabajadoras.
La CGT salió al cruce de esta reforma
Dede la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtieron que el recorte en las contribuciones patronales que establecería la reforma laboral pondrá en riesgo el sistema de obras sociales. El gremio asegura que el cambio, que propone el Gobierno de Javier Milei, no representa un ahorro real para las empresas, pero sí un grave retroceso en la calidad de las prestaciones médicas.
Consecuencias directas en la atención sanitaria
Con la consigna «La reforma laboral también impacta en tu salud», la secretaría de Acción Social de la central gremial, que encabeza el líder del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, detalló una serie de perjuicios que afectarán directamente al sistema sanitario sindical:
Menos prestaciones: La CGT advirtió por restricciones en estudios clínicos, tratamientos complejos y en la cantidad de prácticas médicas cubiertas actualmente.
Recorte en cobertura: Existirán mayores límites para el acceso a medicamentos esenciales y servicios de odontología.
Deterioro de la calidad: El desfinanciamiento se traduce en una menor oferta de turnos, escasez de profesionales y el cierre de centros de salud disponibles para los afiliados.
Un problema de derechos, no de «cajas»
La campaña busca desmontar los discursos que vinculan el financiamiento de la salud con intereses corporativos. Con ese objetivo, la CGT sostuvo que «no está en juego ‘la caja de los sindicatos», sino «el acceso a la salud» de los trabajadores y sus familias. La entidad remarcó que el sistema de salud es un derecho humano y que, sin aportes genuinos derivados del trabajo formal, el sistema sanitario en su conjunto corre riesgo de colapsar.
