🔵Después de casi un año y medio de resistencia sindical y protección judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud revocó la medida contra OSPMA. Una movilización multitudinaria y la batlla en Tribunales marcaron un recorrido que garantiza la cobertura de 5000 afiliados🔴
Sí, la quisieron matar, pero el STMA le puso el gancho a la guerra. Después de casi un año y medio de resistencia, una movilización de cerca de 3.000 personas y una batalla judicial que sostuvo la atención de miles de familias afiliadas, la Superintendencia de Servicios de Salud dio marcha atrás: la Resolución 1952/2026 revocó la baja y dejó sin efecto el intento de liquidación.
Para los casi 5.000 afiliados y la conducción de Hernán Doval, el resultado corona una lucha que convirtió aquella promesa de resistencia en una victoria concreta: la obra social sigue en pie, en manos de sus trabajadores.
Los trabajadores municipales de Avellaneda, enrolados en el STMA ganaron una pelea que comenzó en 2025, cuando el Gobierno nacional avanzó para dar de baja su obra social. La SSS revocó aquella decisión mediante la Resolución 1952/2026, dio por superada la supuesta situación de crisis y dejó sin efecto el intento de liquidación de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda –OSPMA-. El desenlace llegó después de una multitudinaria respuesta sindical y un proceso judicial que permitió mantener la atención de sus casi 5.000 afiliados.
Cronología de una resistencia victoriosa
La ofensiva comenzó con la Resolución 1092/2025. Bajo el argumento de una supuesta insolvencia, la Superintendencia dispuso avanzar contra una entidad que, desde el primer momento, rechazó ese diagnóstico: sus autoridades aseguraban que tenía balances con superávit, cumplía con las prestaciones obligatorias y no adeudaba salarios ni pagos a proveedores. La amenaza alcanzaba a familias con tratamientos oncológicos, diálisis, trasplantes y otras necesidades de atención que no podían esperar.
Hernán Doval, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, presidente de OSPMA y titular de la FESIMUBO y la CTM, le explicó a Sonido Gremial que una notificación administrativa había quedado sin responder. Cuestionó que esa omisión derivara en una medida de semejante gravedad, sin instancias previas de intimación o sanción. Este 16 de noviembre, se conoció que la decisión también se apoyó en información contable desactualizada y vulneró el derecho de defensa de la institución.
Una movilización enorme gigante
El 27 de junio de 2025, cerca de 3.000 afiliados, trabajadores y dirigentes protagonizaron un abrazo solidario a la sede de OSPMA, en Laprida 70. Con acompañamiento de gremios de la región y de la CGT Avellaneda-Lanús, la movilización mostró que detrás del expediente había una comunidad dispuesta a defender su cobertura médica y una institución construida por los propios municipales.
“No está tercerizada, no está gerenciada, la manejan los propios trabajadores. Eso lo vamos a defender”, expresó Doval a Sonido Gremial. Su intervención también puso sobre la mesa la disputa por los afiliados: denunció que empresas de medicina privada intentaban captarlos y vinculó el avance contra OSPMA con una política de debilitamiento del sistema solidario de salud.
La Justicia frenó la baja
La defensa sindical tuvo continuidad en los tribunales. A comienzos de julio de 2025, el Juzgado Federal de Quilmes hizo lugar a una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución y permitió sostener las prestaciones. La obra social siguió funcionando: la protección judicial evitó que la decisión administrativa interrumpiera la atención de los trabajadores y sus familias.
El conflicto, sin embargo, continuó. De acuerdo con la información difundida por OSPMA, la Superintendencia apeló cada una de las cuatro prórrogas de la cautelar, pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazó esos planteos y mantuvo la protección. La entidad también debió enfrentar versiones sobre una supuesta quiebra, que el gremio atribuyó a funcionarios municipales y rechazó públicamente.
Del intento de liquidación a la marcha atrás
Según la gacetilla, los informes requeridos durante el proceso terminaron demostrando que OSPMA cumplía con la normativa de repago y no presentaba riesgo financiero. Ese recorrido desembocó en la Resolución 1952/2026, con la que la Superintendencia revocó la baja y dispuso comunicar la decisión al Juzgado Federal.
La marcha atrás representa una tremenda victoria para los municipales y la organización que lidera Doval, y significa, también un fuerte revés contra diversos funcionarios del Gobierno que buscan eliminar las obras sociales sindicales.


