La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), celebró la recuperación del control de su obra social, OSPRERA. La medida surge tras una resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó la restitución inmediata del directorio legítimo, dando por finalizada una polémica intervención que se extendió por más de un año.
Desde la organización gremial, que conduce José Voytenco, calificaron el fallo como un «triunfo de la autonomía sindical». Según el comunicado difundido por el sindicato, la intervención judicial, iniciada en octubre de 2024 por el juez Villena, se dio en un contexto de «manifiesta parcialidad e incompetencia territorial», argumentos que habían sido sostenidos previamente por los fiscales mediante diversos recursos de recusación contra el magistrado.
El balance de la intervención: irregularidades y crisis sanitaria
La UATRE fue sumamente crítica con la gestión de Marcelo Petroni, el interventor designado por decreto del presidente Javier Milei durante este período de 15 meses. En su descargo, el gremio detalló una serie de anomalías que habrían comprometido seriamente la estructura y los servicios de la obra social:
- Gestión administrativa: Denuncian una «duplicación innecesaria de la estructura administrativa» mediante el nombramiento de dirigentes que habían resultado derrotados en procesos electorales internos y que carecían de experiencia en el área de salud.
- Irregularidades financieras: El gremio apuntó contra la «priorización de negocios espurios», señalando pagos de facturas por prestaciones que nunca se habrían realizado.
- Cortes en la atención médica: La denuncia más grave se centra en una «reducción drástica del gasto en prestaciones médicas», lo que derivó en la suspensión de entregas de medicamentos de alto costo, oncológicos y ambulatorios.
Consecuencias fatales y causas penales
El impacto de las políticas, dispuestas por la intervención, en los afiliados fue descrito por el sindicato como «devastador». Cabe destacar que, hasta diciembre de 2025, se contabilizaron 476 acciones de amparo contra OSPRERA por falta de cobertura.
La situación escaló con la apertura de tres causas penales por «abandono de persona seguido de muerte». Entre los casos citados destaca el del afiliado José Alfredo Garavento, un paciente oncológico que falleció en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento. Ante este escenario, el fallo de Casanello determinó que la hipótesis original que motivó el desplazamiento del directorio resulta hoy «prácticamente nula».
El futuro de OSPRERA
A pesar de la satisfacción por el fallo, desde UATRE reconocieron que el proceso de reconstrucción será complejo. «La lucha continúa, no sabemos en qué estado será devuelta la Obra Social», advierte el sindicato en un comunicado de prensa, subrayando que el objetivo inmediato es normalizar una cobertura que sea «digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales».
Con esta resolución, OSPRERA retorna a la gestión de las autoridades elegidas por sus afiliados, cerrando un ciclo de alta conflictividad institucional y judicial que mantuvo en vilo la salud de miles de peones rurales en todo el país.
