Unos 130 trabajadores directos y otros 20 indirectos de la fábrica de productos químicos Atanor, ubicada en San Nicolás, están en un estado de incertidumbre laboral debido a que desde marzo la Justicia mantiene la planta cerrada. Por ahora los empleados de allí están cobrando el 75% del salario que sin esa quita sería neto de bolsillo de 1.200.000 pesos. Con el cuadro de situación económica, el paisaje es de angustia.
Todo viene a cuenta de que el 20 de marzo, en el proceso de producción de la atrazina -que es un herbicida para utilizar en los campos- vuela una tapa del «agitador» que contiene unas paletas que al girar mezclan la materia prima. Ese tanque productivo está expuesto a altas temperaturas y presión por lo que por una falla técnica, que la Justicia investiga, hizo subir la temperatura que al volar la tapa esparció un polvillo blanco por dos barrios contiguos afectando a vecinos y a un trabajador de la planta que pertenece al sindicato.
Eso generó que la ONG medioambiental FOMEA presentara una denuncia ante la Justicia pidiendo la clausura de la planta entera; a lo que la Justicia dio lugar y aún mantiene cerrada. «La jueza no cerró solo la parte afectada sino que clausuró toda la planta, cuando la firma cumple con todos los requisitos de Seguridad laboral y medioambiental necesarios», remarca Ricardo García, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Nicolás; que alcanza también a las localidades Ramallo y Pergamino.
Y agrega: «Yo vivo hace 50 años a 5 cuadras de la fábrica y hace 42 que trabajo ahí; y todos mis compañeros obviamente somos vecinos y nadie está enfermo o contaminado a raíz de los herbicidas que se producen en Atanor». Sigue: «Cada 6 meses nos hacen controles de salud y no hay nadie enfermo; imaginate si trabajásemos en condiciones de insalubridad seríamos los primeros en denunciarlo».
La historia da cuenta de que Atanor, que es subsidiaria de la firma norteamericana Albaugh LLC, y que antes se llamaba «Compañía Química» cuyo dueño era el grupo Bunge Born: se instaló en 1955 en ese mismo predio cuando todo era una zona netamente rural. A principios de los noventas el grupo empresario argentino vendió a la firma americana la empresa que hoy también tiene otras dos plantas en Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires).
Este miércoles 26 se sumó a FOMEA, Greenpeace que juntas hicieron una marcha en Atanor. «De la ciudad no fue nadie, trajeron 20 personas que no son de la zona en cuatro camionetas», dice García con enojo. Agrega: «Acá hay temor de que la empresa ceda ante las presiones externas y se vaya; pero sabemos que acá no hay normativa municipal, provincial ni nacional que le prohíba a la empresa trabajar, ya que siempre cumplió con las normas de no contaminación y a nosotros, por ART, nos hacen chequeos cada seis meses».
El sindicato viene realizando marchas frente a la planta para pedir que no cierre «y que la Justicia actúe con celeridad porque llevamos casi 4 meses sin trabajar y tenemos miedo a perder el empleo», apunta García.
