El gremio, liderado por Mirtha Jaime, había solicitado no solo la suspensión del Sistema de Evaluación Pública (SEP), sino también su declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Según el escrito presentado: “el infame sistema de evaluación pública, que se planteó como un acto de ‘transparencia de gestión’ (…) es arbitrario, improcedente e inconstitucional”.
En su fallo, la jueza expresó textualmente que se deben “suspender los efectos de la implementación del Sistema de Evaluación pública (SEP) reglamentado por la resolución N° 26/24, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado respecto del Hospital Nacional ‘Profesor Alejandro Posadas’”, por el plazo de seis meses.
Este triunfo se suma al contexto favorable para el sistema de salud pública: en paralelo, se viene dando un fuerte rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Congreso aprobó recientemente el financiamiento del Hospital Garrahan.
