La denuncia se basa, en parte, en una carta enviada el 16 de septiembre de 2024 por la Gerencia Ejecutiva de la Casa de Moneda al Banco Central de la República Argentina (BCRA). En la misiva, se manifiesta preocupación por la “discontinuidad de la relación de tantos años en la fabricación y provisión de billetes”, una actividad que es clave para la entidad. La Casa de Moneda asegura contar con la capacidad de producción de 60.000 millares de billetes mensuales, lo que la habilitaría para participar en la licitación más reciente del BCRA (004/24).
Sin embargo, el sindicato denuncia que la Casa de Moneda se encuentra «semiparalizada», lo que le impide cumplir con sus funciones esenciales, mientras el BCRA ha recurrido a licitaciones privadas para la impresión de billetes. En los últimos meses, se realizaron tres procesos de licitación para la impresión de billetes de 10.000, 2.000 y 20.000 pesos, por montos que van desde 190 millones hasta 540 millones de pesos, en los que participaron exclusivamente empresas extranjeras de China, España y Brasil. Casa de Moneda, denuncian, fue excluida de estas contrataciones.
El sindicato señala que esta práctica contradice el propio reglamento de contrataciones del BCRA, que establece la licitación pública como mecanismo general cuando los montos superan cierto umbral económico. Además, subrayan que adjudicar estas licitaciones a empresas extranjeras es contraproducente, ya que exporta trabajo que podría realizarse en Argentina y apoyar a la industria local.
De acuerdo con la denuncia, una de las principales beneficiadas ha sido la estatal China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM), una empresa del gobierno chino, lo que resulta paradójico dada la retórica anti-China del actual presidente argentino. El gremio sugiere que estos procesos licitatorios han sido realizados de manera opaca y a espaldas del pueblo argentino, quien en última instancia financia estas contrataciones.
Finalmente, el sindicato resalta que, a pesar de la reciente sanción de la «Ley de Bases», que protege a Casa de Moneda de privatizaciones, los trabajadores no serán “testigos mudos” de su destrucción. Exigen que el BCRA cumpla con las normativas vigentes y reconozca a Casa de Moneda como un ente público clave, destacando su capacidad productiva, ética e integridad, en defensa de los empleos y del trabajo nacional.
