En el marco de la puja por los recursos para la educación superior entre los gremios del sector y el gobierno de Javier Milei, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó su firme apoyo a la acción judicial impulsada por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT). La demanda busca frenar la aplicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende suspender los efectos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Desde la FATUN, organización que nuclea a los trabajadores nodocentes de todo el país, señalaron que la norma atacada por el Gobierno es una conquista parlamentaria fundamental. El objetivo del planteo judicial es que el decreto sea declarado inconstitucional y nulo, bajo el argumento de que una disposición administrativa no puede anular una ley sancionada por el Congreso Nacional que garantiza la recomposición de los haberes del sector.
Una amenaza al sistema universitario
La Federación advirtió que la vigencia de este decreto atenta contra tres pilares básicos de la educación pública:
- Sustentabilidad operativa: Se pone en riesgo el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales al recortar los fondos previstos por ley.
- Derechos laborales: Afecta directamente la actualización de los sueldos de las y los trabajadores nodocentes en un contexto de alta inflación.
- Acceso a la educación: Se vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir formación académica de grado.
Unidad frente al ajuste
La presentación legal no es un hecho aislado, sino que se integra a una estrategia coordinada de todo el bloque universitario para impedir que la Ley de Financiamiento quede como «letra muerta». Desde la conducción de la FATUN enfatizaron que la defensa de esta ley es sinónimo de defender la dignidad del trabajo y el porvenir de la nación.
Bajo las consignas de «Unidad, Solidaridad y Organización», el gremio nodocente reafirmó que se mantendrá en estado de lucha y movilización permanente. Sostienen que no permitirán que decisiones unilaterales del Ejecutivo pasen por encima de las instituciones democráticas ni del financiamiento genuino de la universidad pública argentina.
