Dragados, una compañía del grupo español ACS, comandado por el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vendió su participación en la firma constructora argentina Dycasa y de esta manera concreta su retirada del país.
En una comunicación a la Bolsa local, Dycasa detalló que la española Dragados vendió el 66,1% de las acciones y el 88,8% de los derechos de voto que tenía sobre la firma a Inversora Mercedes SA, por un total de u$s2 millones.
Dycasa, que es presidida por Ramón Astor Catalán, y comandada por su CEO, Javier Balseiro, se encontraba en una situación crítica debido a las fuertes pérdidas sufridas en los últimos años, que la llevaron a una situación financiera muy delicada. Su último balance muestra un patrimonio neto negativo, con un altísimo endeudamiento, y muy pocas obras en ejecución.
Pero en medio de esta situación, los empleados de Dycasa realizaron denuncias desde hace meses porque, aseguran, son discriminados, maltratados, y no se les reconocen derechos adquiridos.
A tal efecto, una empleada que pidió mantener su anonimato por temor a sufrir represalias, manifestó lo siguiente: “en este año, por primera vez en su historia, Dycasa no actualizó por inflación los sueldos de los empleados no sindicalizados. Es decir, a pesar de que en 9 meses la inflación fue de más del 100%, no nos hicieron ninguna actualización salarial. En definitiva, nos bajaron el sueldo a la mitad. Es una situación muy injusta, además de ser ilegal”.
Adicionalmente, informó que “estamos siendo discriminados, porque Dycasa le reconoció el ajuste por inflación a todos. Es decir, actualizó por inflación los sueldos del personal sindicalizado, le reconoce la inflación a todos los proveedores y asesores, y a los únicos que castiga es a los empleados que no estamos sindicalizados».
Y concluyó: «Los compañeros se solidarizaron y vamos a realizar juntos denuncias penales, civiles y comerciales contra Dycasa, porque es ilegal lo que están haciendo. Además venden la empresa, consiguiendo un mejor precio de venta a costa de robarnos a los trabajadores. La justicia tiene que actuar para que la empresa respete nuestros derechos”.
