Aunque por ahora se trata de un borrador, la iniciativa ya generó fuerte rechazo en el movimiento obrero. “Las asambleas se notifican para que los trabajadores puedan participar y, en la práctica, el empleador queda informado. No hay nada que justifique pedir permiso”, señalaron fuentes sindicales cercanas a la central obrera.
El proyecto retoma el espíritu de un artículo incluido en el DNU 70, que fue suspendido por la Justicia tras un amparo de la CGT por considerarlo inconstitucional. Aquella norma incorporaba un nuevo artículo a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales para limitar la realización de asambleas y congresos “sin perjudicar las actividades normales de la empresa”.
En el Gobierno argumentan que el objetivo es evitar que las asambleas se utilicen como “protestas encubiertas”, citando como ejemplo los conflictos aeronáuticos del año pasado, cuando las reuniones sindicales paralizaron vuelos en Ezeiza y Aeroparque. “No se trata de prohibir las asambleas, sino de ordenar su funcionamiento”, sostienen desde la Casa Rosada.
Sin embargo, la ley vigente —en su artículo 23 inciso e— es clara: los sindicatos tienen derecho a “realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa”. Por eso, desde la CGT ven esta propuesta como un intento de retroceder en materia de derechos laborales. “Esto es un límite directo al ejercicio de la acción colectiva”, advirtió un dirigente del sector metalúrgico.
Desde el sector empresario, en cambio, respaldan la medida. El Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) considera que “las asambleas a veces se usan como bloqueos indirectos” que afectan la producción o los servicios.
El antecedente más cercano de una regulación de este tipo fue la disposición 40/2012 dictada durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que exigía un aviso previo de 72 horas para realizar asambleas en dependencias públicas.
Para el abogado laboralista Alejandro Ferrari, consultado por Página/12, la propuesta oficial “tendría dificultades para prosperar en el Congreso, porque choca con derechos constitucionales y con los convenios internacionales de la OIT que protegen la libertad sindical”.
La discusión promete ser uno de los ejes más calientes cuando el capítulo laboral de la reforma llegue al Congreso. Mientras tanto, en la CGT se preparan para resistir cualquier intento de “disciplinar” las asambleas gremiales, que consideran “una herramienta esencial de participación y democracia sindical”.
