Desde la central sindical afirmaron que la reforma representa un retroceso en derechos laborales y una flexibilización de las condiciones de trabajo sin diálogo con los gremios. “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, dijo el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, ratificando la medida de fuerza.
El secretario general Jorge Sola advirtió que la iniciativa oficialista “es un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, en un reclamo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de consenso entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en torno a un proyecto que, según la CGT, precariza el empleo y reduce los mecanismos de negociación colectiva.
La protesta impactará en sectores esenciales como transporte público, administración pública, bancos, recolección de residuos, la construcción y actividad industrial, entre otros, y confluirá con movilizaciones en todo el país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales se concentrarán frente al Congreso.
El Gobierno, por su parte, ya pospuso oficialmente para el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, con el objetivo de reunir mayor consenso parlamentario antes de su votación. Los sindicatos sostienen que la reforma sin acuerdo podría afectar conquistas históricas de los trabajadores y cargan contra la falta de diálogo formal con la Casa Rosada. “El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con el sindicalismo”, sostuvo el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.
