Palazzo, en representación del gremio y de acuerdo “al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017”, solicitó información pública clara, precisa, completa y detallada sobre una serie de cuestiones relativas a estas operaciones.
Entre los puntos destacados del pedido se encuentran:
1. Envío de lingotes de oro: Solicita confirmar si durante el mes de junio se realizaron operaciones de envío de lingotes de oro al exterior, especificando cantidad, monto, moneda y características comerciales. Además, se indaga sobre posibles futuros envíos de oro.
2. Acciones de agentes internos y externos: Pregunta si se ha encomendado a agentes internos o externos alguna acción respecto al traslado de lingotes de oro u otros activos.
3. Reuniones del Directorio: Solicita detalles sobre cualquier reunión del Directorio, Comisión o Comité en la que se haya tratado el tema, incluyendo informes y registros de las mismas.
4. Expediente administrativo: Indaga si se ha instrumentado un expediente administrativo u otra acción con el objetivo de sustanciar e impulsar dicha iniciativa.
5. Notificación a la sindicatura: Pregunta si la sindicatura del BCRA ha sido notificada y qué medidas de fiscalización y control se han adoptado.
6. Plan de acción: Consulta si la iniciativa está incluida en un Plan de acción a corto o mediano plazo.
Palazzo afirmó que este pedido se realiza en defensa de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las reservas nacionales.
En el documento, se adjuntan copias de la personería jurídica y nómina de autoridades de la Asociación Bancaria emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como parte de la documentación respaldatoria.
El pedido subraya la importancia de la accesibilidad de la información pública, destacando que “toda persona humana o jurídica tiene derecho a solicitar y recibir información pública clara, precisa, completa y detallada sobre las cuestiones solicitadas.”
Finalmente, se advierte sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el pedido sea rechazado, alegando una posible violación de derechos constitucionales.
