Según informó la organización gremial, la medida fue adoptada mediante una resolución administrativa firmada por el titular del organismo, Washington Héctor Navarro, y establece el traslado de Vilariño desde la Defensoría Oficial Penal de la XI Nominación, en la capital tucumana, hacia la Oficina de Atención Primaria Jurídica de la localidad de Trancas.
ATEJ cuestionó la decisión y sostuvo que el dirigente cuenta con tutela sindical por su condición de tesorero de la organización, cargo que, según señaló, se encuentra acreditado mediante la correspondiente Certificación de Autoridades emitida por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) y oportunamente informada a las autoridades.
El sindicato argumentó que tanto el sumario como el traslado fueron dispuestos sin que previamente se iniciara un procedimiento de desafuero o exclusión de la tutela sindical. En ese sentido, sostuvo que la decisión vulnera las garantías contempladas por el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Desde la organización calificaron lo ocurrido como una “práctica desleal” y consideraron que las medidas adoptadas contra Vilariño se encuentran alcanzadas por la nulidad. ATEJ denunció además otro episodio que consideró de “extrema gravedad institucional”: la presunta filtración a un medio digital local de información perteneciente al expediente administrativo, pese al carácter reservado del sumario.
Para el gremio, esa difusión tuvo como objetivo generar un “desprestigio público” del dirigente y constituye una nueva irregularidad dentro del procedimiento. En la información difundida por las organizaciones sindicales no se incluyó, hasta el momento, la respuesta del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán a estas acusaciones.
La Federación Judicial Argentina, entidad nacional a la que se encuentra adherida ATEJ, expresó su respaldo al sindicato tucumano y aseguró que seguirá de cerca la evolución del conflicto, además de poner a disposición su acompañamiento político, legal e institucional. “Hemos hecho los intentos para que nos reciban las autoridades, sin embargo no obtuvimos respuesta. No respetan la institución gremial, a pesar de haber presentado la certificación de autoridades”, afirmó el secretario general de ATEJ, Roberto Oliva.
El dirigente agradeció además “el acompañamiento de todos los judiciales del país y de la FJA”, mientras el gremio reclama que las autoridades reviertan las medidas adoptadas contra su tesorero.
