La pelea de los trabajadores municipales bonaerenses con el Gobierno de Axel Kicillof sumó un nuevo frente y, esta vez, el malestar no está puesto solamente en los reclamos sindicales sino también en el ministro de Trabajo, Walter Correa.
Mientras la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) profundiza su plan de lucha con cortes de rutas y nuevas medidas de fuerza, intendentes de la primera y la tercera sección electoral cuestionan la demora en poner en funcionamiento efectivo el Consejo del Empleo Municipal, el organismo previsto por la Ley 14.656 para abordar la problemática laboral del sector.
La tensión volvió a quedar expuesta este martes, cuando la Regional Conurbano Norte de FESIMUBO cortó durante más de tres horas la colectora de la Panamericana, a la altura de la ruta 197. La protesta reunió a trabajadores municipales de nueve distritos y tuvo al secretario general de la federación, Hernán Doval, como uno de sus principales referentes.
Doval advirtió que el sector prepara “un plan de lucha incremental, de menos a más” y que los trabajadores se están preparando para un conflicto prolongado. La organización ya realizó protestas y cortes en distintos puntos de la provincia y anticipó que las medidas continuarán.
El escenario abre ahora una incógnita sobre hasta dónde llegará la escalada. Entre las alternativas que circulan aparece incluso un eventual corte del Puente Pueyrredón, aunque por el momento no existe una fecha confirmada.
El Consejo que lleva más de una década esperando
El reclamo por el Consejo del Empleo Municipal no es nuevo. El organismo está contemplado en la Ley 14.656, sancionada en 2014, pero durante años no logró constituirse plenamente como ámbito de discusión de las condiciones laborales de los trabajadores municipales bonaerenses.
La administración de Kicillof finalmente avanzó este año con la reglamentación y convocatoria del organismo. El Ministerio de Trabajo bonaerense publicó una resolución que reglamentó su integración y funcionamiento y posteriormente se avanzó con una convocatoria. Sin embargo, FESIMUBO cuestionó los criterios utilizados para definir la representación sindical y sostuvo que no se respeta el esquema establecido por la ley.
Ese punto es precisamente el que mantiene trabado el conflicto.
Para los intendentes consultados, el Consejo podría funcionar como una herramienta institucional para encauzar parte de la discusión, especialmente en un contexto en el que las administraciones municipales aseguran tener dificultades para afrontar los reclamos salariales.
“Convocar a ese consejo sería una forma sencilla y barata de descomprimir la situación, cuando está claro que no les podemos dar la paritaria que quieren. Hay intendentes dispuestos a integrarlo”, señaló un importante jefe comunal de la zona norte.
La mirada de varios intendentes es que abrir esa mesa permitiría trasladar parte de la discusión desde las calles hacia un ámbito institucional, sin que eso implique aceptar las demandas salariales en los términos planteados por los gremios.
El laberinto de Walter Correa
El problema, según explican en los municipios, aparece en la composición del organismo.
“Walter les prometió participación a ATE y UPCN, pero en los municipios no llegan al piso de representación que establece la ley, que es del diez por ciento. Se metió solo en un laberinto y ahora no encuentra la salida”, describió un intendente bonaerense al analizar la situación.
La cuestión de la representatividad sindical es, justamente, uno de los principales puntos de choque entre FESIMUBO y la cartera laboral. La federación viene cuestionando que el Ministerio incorpore organizaciones que, según su interpretación, no reúnen la representación exigida por la legislación.
El propio Doval acusó al Ministerio de intentar modificar mediante una resolución una estructura establecida por ley y sostuvo que la organización sindical pretende que se respete la Ley 14.656.
Así, lo que inicialmente aparecía como una herramienta para ordenar el conflicto terminó convirtiéndose en otro motivo de enfrentamiento entre la Federación de municipales y el Gobierno bonaerense.
Intendentes en el medio
El dato político que comienza a ganar peso es que los intendentes de distintos distritos no necesariamente están alineados con la estrategia de la Provincia frente al conflicto.
Los jefes comunales quedan directamente expuestos frente a los reclamos salariales de los trabajadores, porque son ellos quienes deben negociar las condiciones laborales y afrontar el impacto de las medidas de fuerza.
Pero, al mismo tiempo, varios consideran que la Provincia podría contribuir a descomprimir la situación habilitando de manera efectiva el ámbito previsto por la Ley 14.656.
Por eso, el enojo de algunos intendentes no está dirigido contra los trabajadores ni contra sus representantes, sino contra la conducción del Ministerio de Trabajo.
La paradoja es que mientras los municipales profundizan las protestas contra los municipios, algunos de los propios intendentes consideran que la cartera laboral bonaerense debería intervenir para generar una instancia que permita ordenar el conflicto.
Una escalada que puede contagiar a otros gremios
El temor que empieza a aparecer entre distintos sectores es que el conflicto municipal deje de ser exclusivamente municipal.
Si FESIMUBO profundiza su plan de lucha, el escenario podría extenderse hacia otros sectores de trabajadores estatales bonaerenses. En particular, existe preocupación por la posibilidad de que las bases de sindicatos de docentes y trabajadores de la salud puedan acompañar reclamos vinculados con salarios y condiciones laborales.
Por ahora, esa posibilidad forma parte de las advertencias y escenarios que circulan en torno a la escalada, no de una decisión formal de esos gremios.
Pero el dato político es concreto: la pelea de los municipales ya dejó de ser un conflicto aislado de algunos intendentes.
La protesta de Panamericana fue una nueva señal de que FESIMUBO está dispuesto a llevar el reclamo a las calles y aumentar progresivamente la presión. Doval ya anticipó que será un conflicto de largo aliento.
Y mientras los trabajadores preparan nuevas medidas, los intendentes empiezan a mirar hacia La Plata.
Porque el conflicto salarial se negocia municipio por municipio, pero la llave institucional que podría ayudar a encauzarlo está en manos del Ministerio de Trabajo de Walter Correa.
El Consejo del Empleo Municipal, creado hace más de una década y finalmente reglamentado este año, debía convertirse en una herramienta para ordenar la discusión. Por ahora, en cambio, se transformó en uno de los principales focos de la interna entre los municipales, los intendentes y el Gobierno bonaerense.
