El conflicto se desarrolla en un momento de extrema sensibilidad operativa para el sector agroindustrial, coincidiendo con el pico de la cosecha gruesa y el consecuente ingreso masivo de camiones con soja y maíz a las terminales del Gran Rosario. Por este motivo, el fantasma de una parálisis genera preocupación en las empresas, dado que un cese de actividades bloquearía de forma inmediata la molienda de granos, la logística portuaria y el ritmo de los embarques de derivados destinados al mercado exterior.
Las delegaciones paritarias arriban a la audiencia del jueves luego de atravesar maratónicas mesas de debate en la cartera laboral que se extendieron por más de ocho horas. Aunque esos encuentros concluyeron formalmente sin la firma de un acta de acuerdo, la conducción sindical admitió un cambio de clima que rompió con la inercia negativa de las semanas previas.
El secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, graficó con optimismo la moderada apertura del diálogo entre las partes: La negociación estaba muy trabada y bueno, ahora empezó la verdadera negociación. Si bien no llegamos a un acuerdo, hemos por lo menos despegado el carro que estaba clavado.
Esta lectura de Yofra, coincide con el pronunciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), cuyas autoridades ratificaron de forma unificada que durante las últimas audiencias presenciales se logró registrar un «acercamiento que se continuará trabajando» en la mesa del jueves por la mañana.
Pese al incipiente canal de diálogo, el nudo del conflicto está en una profunda distancia conceptual respecto a cómo deben actualizarse los salarios de la actividad. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) insisten en aplicar un esquema de indexación mensual automática atado de manera estricta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, buscando encuadrar las subas dentro de las proyecciones macroeconómicas oficiales.
Yofra rechazó esta postura, denunciando que las compañías se muestran sumamente rígidas al momento de modificar sus parámetros históricos de negociación: Ellos están muy encerrados con los topes de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). No quieren cambiar los límites de la negociación después de más de 20 años, indicó.
Frente a la pretensión patronal de ajustar las planillas según la inflación del Banco Central, la Federación y el SOEA San Lorenzo defienden su pliego de demandas: que el salario de un operario que recién ingresa a las fábricas debe calcularse en base al costo real de la canasta familiar y las nueve necesidades básicas que pautan el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Nosotros pedimos, como hace más de nueve años, el salario mínimo, vital y móvil, que está compuesto por nueve necesidades», puntualizó el titular de la Federación Aceitera y agregó que en el último relevamiento, «el valor está en $2.800.000 pesos para el trabajador que recién arranca, sin adicionales».
Yofra aclaró de forma taxativa que este monto exige cubrir la alimentación, vivienda, vestuario, educación, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social de los hogares. En las mesas de negociación, esto se traduce en la exigencia sindical de consolidar una recomposición directa del 20% sobre las escalas vigentes, rechazando de plano las propuestas de incrementos fijos escalonados.
El malestar de la entidad gremial estalló tras las primeras audiencias paritarias celebradas en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde las terminales agroexportadoras arrimaron un ofrecimiento de aumento de apenas 15 mil pesos para los sueldos de mayo. Dicha propuesta fue catalogada de forma conjunta por la FTCIODyARA y el SOEA como una provocación institucional de «profunda mala fe».
Los equipos técnicos de los sindicatos del sector volvieron a desacreditar cualquier argumento corporativo ligado a una supuesta inviabilidad financiera de las plantas oleaginosas, poniendo de relieve las millonarias ganancias que genera la liquidación de divisas del agro. Según los balances analizados por el gremialismo, la recomposición del 20% demandada para fijar el básico de mayo en $2.802.754 podría ser absorbida por las firmas utilizando apenas una décima del 1% de su facturación anual global. No el 1%, una décima del 1%: Con un peso de cada mil que facturan pagan el aumento, insistieron los representantes de los trabajadores.
Desde la vereda empresaria, la estrategia de las cámaras CIARA y CEC se centró en trasladar la presión de la negociación hacia los gremios. A través de un comunicado emitido tras el último cuarto intermedio, las cámaras patronales argumentaron: No hubo acuerdos salariales, pero se inició el diálogo. Volveremos a sentarnos este jueves en la Secretaría de Trabajo. Es clave que la comunidad aceitera solicite a los líderes sindicales que acepten la propuesta salarial de la industria así podamos todos seguir trabajando en normalidad. El camino del paro nacional no sirve para nadie.
La respuesta de las conducciones gremiales fue ratificar que las bases no convalidarán un esquema de licuación de ingresos que transforme a los operarios del cordón industrial en trabajadores pobres. Los sindicatos advirtieron que la huelga general en los puertos se reactivará de forma inmediata si las empresas no formalizan una propuesta superadora antes de las 15 horas del jueves, momento en que expira la prórroga de la conciliación obligatoria. Cuando llegue el momento, vamos a luchar con las herramientas que nos garantiza la Constitución, en primer lugar el ejercicio del derecho de huelga, para lograr un salario digno, sentenciaron las organizaciones obreras, dejando el normal funcionamiento del principal motor de divisas del país supeditado a las definiciones de la audiencia paritaria.
