Mientras la Justicia profundiza las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires permitiría el desembarco de nuevas empresas privadas, generando preocupación entre trabajadores y gremios del sector.
La causa judicial ya motivó allanamientos a empresas como Tránsito Seguro S.A., Secutrans S.A., la UNSAM, la UTN, CECAITRA y más de una decena de municipios. En ese contexto, se abriría paso a actores del sector privado con antecedentes polémicos y vínculos con espacios políticos nacionales.
Posibles actores privados en áreas estratégicas
Dos compañías aparecen en el radar: Plein Air Park S.A., una firma vinculada a la familia Neuss con pasado en el negocio del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires y muy cercana a los hermanos Rodríguez Larreta, y NEC Argentina S.A., una multinacional japonesa con trayectoria en seguridad urbana.
Plein Air habría reformado su objeto social en febrero para participar en el control de cobros, tránsito pesado, pesaje en rutas y logística vial. Aunque su expresidente Germán Neuss dejó formalmente la conducción de la empresa, la firma mantendría contactos con funcionarios del Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la gestión de Martín Marinucci.
Desde el sindicalismo advierten que este tipo de maniobras podría derivar en una privatización encubierta de funciones del Estado, desplazando personal de planta y tercerizando servicios clave sin debate público ni control suficiente.
NEC y sus vínculos con el Frente Renovador
El posible ingreso de NEC Argentina S.A. también genera inquietud. La firma ya habría sido recibida en el Ministerio y podría formar parte de un “protocolo de contingencia” si el sistema actual de fiscalización de multas colapsara como consecuencia de la investigación judicial.
NEC mantiene antecedentes de vínculo con dirigentes del Frente Renovador: cuando Sergio Massa era intendente de Tigre, recibió a ejecutivos de la compañía en la sede municipal, en el marco de proyectos de tecnología aplicada a la gestión urbana.
Ahora, la empresa podría estar interesada en operar áreas como reconocimiento facial, control de infracciones y fiscalización vial, sectores donde actualmente hay contratos en revisión o bajo sospecha.
El Ministerio, en crisis y bajo presión interna
La falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Transporte ante los ciudadanos habiendo denunciado judicialmente radares sin autorización, sumado a la crisis desatada con las empresas investigadas en el fuero federal junto al silencio oficial, combinado con la permanencia de funcionarios de la gestión anterior de Jorge D’Onofrio, habría intensificado los cuestionamientos internos y gremiales.
La suspensión de sistemas de fotomultas en distritos como San Isidro y Mar del Plata, sumada al avance de causas judiciales en distintos fueros, impulsaría a ciertos sectores del oficialismo a analizar cambios en la conducción del área.
Mientras tanto, trabajadores estatales y sindicatos del sector advierten que cualquier intento de avanzar hacia una lógica privatista debería ser debatido públicamente, garantizando la estabilidad laboral, la transparencia y el rol indelegable del Estado en la fiscalización del tránsito.
