Crece el escándalo por la intervención de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA). Afiliados y trabajadores denuncian un presunto plan de vaciamiento liderado por el interventor, Graciano Ivan Corte, a quien acusan de cobrar un sueldo millonario, contratar como abogado a un ex jefe de la barra brava de River y dejar sin prestaciones a los beneficiarios.
Según las denuncias, Corte, a quien describen como un «radical con peluca», se puso en relación de dependencia con la obra social con un sueldo de 6 millones de pesos. Irónicamente, eligió a la propia OSPICHA como su cobertura de salud y se habría cobrado un aguinaldo completo a pesar de haberse dado de alta como empleado en abril.
Un abogado polémico y prestadores «amigos»
Uno de los datos más explosivos es la contratación del abogado Adrián Rousseau, conocido por haber sido jefe de la barra brava de River Plate y haber estado en prisión. Según la denuncia, Rousseau ya habría cobrado 28 millones de pesos de la obra social y ahora se desempeñaría como abogado de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).
Los denunciantes afirman que el interventor Corte «no da ninguna cobertura» y «no paga a los prestadores». Sostienen que intima a los proveedores a que envíen cartas documento para dar de baja el servicio y así poder colocar a prestadores «amigos».
Recorte de beneficios y despidos
La gestión de Corte también es acusada de despedir a trabajadores administrativos con más de una década de antigüedad y contratar «gente ineficiente» sin conocimiento del sistema. Además, denuncian un brutal recorte de beneficios para los afiliados.
Se habría cortado el beneficio para adquirir anteojos y se redujo el descuento en farmacias del 60% al 40%, además de quitar medicamentos de los listados. Lo más grave: «No brinda la medicación oncológica, prótesis, no autoriza cirugías», aseguran.
Fondos sin pagar y la sombra del vaciamiento
Otro punto crítico es el no pago a los prestadores de discapacidad, a pesar de que la SSSalud habría transferido los fondos el 13 de junio. También señalan que en abril (correspondiente a febrero) y mayo (correspondiente a marzo) no se habrían transferido los fondos según el cronograma.
Los denunciantes, que cuestionan la idoneidad de un interventor «que solo posee un título secundario», concluyen con una dura advertencia: «Claramente, vienen a vaciar a las Obras Sociales, a realizar sus negocios, y dejarlas quebradas, y a sus afiliados pasarlos a las prepagas amigas».
