La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió el decreto sancionado por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que busca limitar las manifestaciones sociale y sindicales en territorio jujeño.
La central sindical emitió un comunicado en rechazo a la disposición de Morales que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas.
Se trata del decreto nº 8464 por el cual el mandatorio provincial modificó el artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación».
Para la CGT, la decisión de Morales, que veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, «cercena la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país».
«El uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos que expresamente veda a todos los Estados la posibilidad de punir de cualquier forma el derecho de huelga y extraer de la Justicia delTrabajo los conflictos de características laborales», señaló el Consejo Directivo de la CGT nacional.
También destacaron que «punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra Nación».
«Estas medidas similares a otras que se sancionaron en otras provincias del país y que reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, nimucho menos por esta CGT», concluyeron.
Para terminar, la central que conduce Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano instó «a todos los responsables políticos al cese de las medidas que tienda a criminalizar, restringir, limitar y cercenar los derechos de manifestación y huelga , instando a la derogación de toda norma que se contraponga con los principios constitucionales y humanos».
El repudio de la CGT Jujuy al decreto de Morales
La delegación regional Jujuy de la CGT manifestó el rechazoal decreto del gobernador Morales y al proceder del Frente Cambia Jujuy en la Convención Reformadora por «mostrar una actitud antidemocrática y autoritaria».
«Entendemos que se está trabajando de manera apresurada en la búsqueda de una aprobación que solo intenta beneficiar y aumentar el poder del actual
gobierno», señalaron los gremios adheridos a la central.
En lo referido a la suspensión de las elecciones de medio término, la CGT Jujuy consideró lo propuesto como un grave ataque al orden democrático. «Dicho proceso eleccionario es un indicador real de la aprobación o no de las gestiones en curso, la eliminación de dicha instancia busca limitar el derecho de la ciudadanía a expresar su valoración sobre el ejercicio del poder, atentando de manera directa a los principios fundantes de nuestra Nación ya que el nuevo esquema propuesto por el oficialismo, otorgaría de manera directa la mayoría en la cámara de Diputados al ganador de las elecciones, buscando establecer de manera legal un régimen que viole el principio republicano de la división de poderes», explicaron en un comunicado.
A la grave situación expresada, también se refirieron al polémica Decreto N° 8464-G/2023; como «una representación gráfica del peligro que corren los derechos de todo el pueblo trabajador, ya que el mismo expresa un cercenamiento total del derecho a la protesta, planteando además de una multa onerosa la posibilidad de cesantear al trabajador que exprese su inconformidad». «En este punto y sin miedo a equivocarnos podemos referirnos al Gobierno de la provincia como un Estado totalitario y antidemocrático«, concluyeron.
FUENTE: Mundo Gremial
