Las elecciones de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) enfrenta una fuerte crisis, marcada por denuncias y recursos judiciales que cuestionan su transparencia. Según fuentes del sector y el proceso electoral consultadas por Mundo Gremial, las impugnaciones apuntan a graves irregularidades en la actuación de la Junta Electoral y en la composición de la lista encabezada por Luis García Ortiz, lo que podría comprometer el desarrollo de las elecciones.
La Junta Electoral y el gremio fueron impugnados por alterar la cantidad de congresales mediante «una fe de erratas publicada en el diario, en un acto a puertas cerradas y sin notificación previa». Fuentes señalan que esta modificación distorsiona la fórmula porcentual basada en el número de afiliados, asignando más afiliados pero menos congresales a una parte, mientras la otra resulta beneficiada. Además, el último día para presentar documentación, la Junta quedó desierta, sin presencia de sus integrantes, un hecho documentado ante el personal de mesa de entrada por los integrantes de la lista opositora Azul Marrón, encabezada por Carlos Gutiérrez de la seccional Campana. Estas irregularidades fuerono formalmente impugnadas.
ASIMRA: Denuncias graves irregularidades en la lista de García Ortiz
La lista liderada por Luis García Ortiz enfrenta cuestionamientos severos. Según la información recabada, el 50% de sus integrantes tendrían la condición de adherentes, lo que viola la reforma del estatuto de ASIMRA de 2023, que prohíbe a adherentes —empleados de ASIMRA o OSSIMRA— y jubilados ser candidatos, votar o ejercer cargos directivos, aunque sí acceden a beneficios sindicales. Además, la lista incumple el cupo femenino exigido por ley, incluyendo a una mujer jubilada desde 2012. Fuentes internas revelan que en cargos clave de seccionales se designaron personas con vínculos cercanos a líderes gremiales, agravando las irregularidades.
La Junta Electoral y el sector de García Ortiz deben responder a estas impugnaciones en las próximas horas, en un contexto de creciente tensión y nerviosismo. Liderados por Carlos Gutiérrez de la Seccional Campana, los denunciantes advierten que las inconsistencias podrían excluir a varios candidatos. El oficialismo trabaja contrarreloj para contrarrestar las acusaciones, en medio de un clima de incertidumbre.
En respuesta, se han presentado impugnaciones contra los avales presentados por la lista de Gutiérrez, que alcanzó casi el 9% del padrón, superando el 3% requerido. Sin embargo, un reglamento introducido durante el proceso exigió que ese 3% estuviera distribuido por seccionales, un requisito no contemplado inicialmente. La Junta rechazó 60 avales y busca denunciar presuntas falsificaciones de firmas y documentos, aunque cerca de 800 avales fueron aprobados en el interior. Fuentes indican que estos fueron recortados estratégicamente para no cumplir el mínimo por seccional. Estas acciones fueron judicializadas, con argumentos que aseguran el cumplimiento de todos los requisitos legales. La Junta reconoce un 7% de avales válidos del interior, y las fuentes consideran que la denuncia contra Gutiérrez carece de sustento y probablemente será desestimada.
Un proceso electoral problemático
ASIMRA, bajo la conducción de Luis Alberto García Ortiz desde 1983, se prepara para elecciones en noviembre. Por primera vez en décadas, una lista liderada por Carlos Gutiérrez, de la seccional Campana, desafía su liderazgo en un gremio que representa a supervisores metalmecánicos. El proceso, históricamente sin contrincantes para García Ortiz, enfrenta críticas por la falta de mecanismos democráticos modernos. Los afiliados expresan malestar por la pérdida de empleos, la caída salarial debido a la inflación y una gestión que prioriza la continuidad sobre los desafíos actuales.
El conflicto escaló con la proscripción de la lista Azul Marrón, pese a cumplir los requisitos legales. La Junta Electoral, alineada con García Ortiz, rechazó su oficialización por supuesta falta de representatividad en seccionales, tras una revisión exhaustiva que anuló avales. Esto se suma a un padrón electoral con hasta un 15% de afiliados posiblemente fallecidos o mal registrados y a un estatuto que otorga discrecionalidad a líderes seccionales en decisiones como la ubicación de urnas, sin controles independientes.
