La pulseada por la reforma laboral contenida en la Ley N° 27.802 continúa escalando tras la suspensión de la medida cautelar del Juez Raúl Horacio Ojeda, el titular del Juzgado del Trabajo N° 63 que originalmente había frenado 82 artículos de la reforma laboral ante un pedido de inconstitucionalidad de la CGT. El magistrado salió al cruce de las críticas que lo tildan de «kirchnerista» tras la revocación de su fallo por parte de la Cámara de Apelaciones.
Con una mezcla de ironía e indignación, Ojeda desestimó los ataques digitales coordinados desde los sectores alineados a la Casa Rosada. «Lo que ocurre es que no tienen argumentos técnicos para rebatir lo que puse en las resoluciones», sentenció el magistrado, quien justificó su pasado como asesor técnico del exministro Carlos Tomada calificándose como un «ratón de biblioteca».
Para el juez, el foco en su filiación política actúa como una maniobra distractora ante una resolución con «peso propio» que busca proteger los derechos de los trabajadores frente a la restricción de derechos históricos.
Un escenario «pesado» y con intereses cruzados
El magistrado no sólo enfrenta el asedio en redes, sino también una denuncia penal por supuesto «abuso de autoridad» presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB). Ante este escenario, Ojeda advirtió que «el hecho de que me hayan atacado tanto indica que hay algo ahí. Hay algo pesado, de fondo, mucho interés en juego».
Asimismo, marcó una distancia ética respecto a otros sectores de la «familia judicial», citando el ejemplo de la fallecida jueza Carmen Argibay: «Me gusta ponerme en el saco de quien le agradeció al Presidente al asumir y nunca más le atendió el teléfono». Aunque evitó opinar sobre el fondo de la causa para no ser apartado, aseguró que la resolución final recaerá, inevitablemente, en la Corte Suprema de Justicia.
La CGT contraataca: recusaciones y sospechas de «intercambio»
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó hoy un pedido de nulidad absoluta contra el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones, que fue la que reactivó la reforma laboral. El escrito, firmado por el abogado Pablo Topet, no solo cuestiona la «orfandad de fundamentos» de la sentencia, sino que lanza una acusación directa sobre la imparcialidad de los jueces intervinientes.
El foco de la recusación es el juez Víctor Arturo Pesino. La CGT denunció que existe una relación de causalidad sospechosa: menos de 24 horas después de que Pesino fallara a favor de los intereses del Estado Nacional, el presidente Javier Milei inició formalmente el trámite para que el magistrado permanezca en su cargo por cinco años más, pese a haber alcanzado la edad jubilatoria de 75 años. Para la central sindical, este beneficio configura un escenario de «intercambio de favores» que invalida cualquier pretensión de justicia objetiva.
Denuncia por prejuzgamiento y falta de competencia
Además del caso Pesino, la presentación de la central obrera alcanza a la jueza María Dora González por presunto prejuzgamiento. La CGT sostiene que los camaristas adelantaron opinión sobre el fondo del asunto al afirmar que no existen «derechos de naturaleza alimentaria» en riesgo, ignorando principios básicos del derecho laboral. A esto se suma un cuestionamiento procesal: la central afirma que la Sala VIII no era la competente para intervenir, ya que la causa debía recaer en la Sala I por antecedentes previos, lo que representaría una violación al debido proceso y al derecho de defensa.
