El plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados concluyó este miércoles con la firma del dictamen de mayoría para el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. El despacho oficialista logró 44 firmas provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. Pese al avance legislativo, el oficialismo debió ceder en la eliminación del artículo 44, referido al régimen de licencias por enfermedad, para asegurar el acompañamiento al dictamen, lo que obligará a que el texto regrese al Senado tras su votación en la Cámara Baja que se realizará este jueves.

El encuentro en el Anexo C se desarrolló bajo la sombra de la crisis industrial, con carteles en defensa de los 920 trabajadores despedidos en la empresa Fate, y la confirmación por parte de la cúpula de la CGT de un paro general nacional para este jueves 19 de febrero, coincidiendo con la sesión extraordinaria convocada para las 14:00 horas para definir el futuro del proyecto.
Las críticas del sindicalismo
Durante el plenario, los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, calificaron la iniciativa como «regresiva» y ratificaron la convocatoria al paro general a nivel nacional desde las 00 horas de este jueves
Jerónimo anticipó que la medida de fuerza de la central obrera indicará el comienzo de la profundización del plan de lucha de la CGT para frenar la reforma laboral. Por su parte, Argüello, advirtió a los legisladores que cualquier diputado que de quórum en la sesión de mañana “estará traicionando al pueblo” y que el movimiento obrero, “hará tronar el escarmiento” si se aprueba el proyecto.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA-Autónoma, denunció que la ley es «claramente inconstitucional» y que no debería tratarse en instancias extraordinarias. Godoy alertó que los más de 200 artículos del proyecto son «en contra de los trabajadores y a favor de un pequeño grupo de empresarios», y señaló que la normativa «abre las compuertas del horror» al habilitar despidos sin indemnización. Además, comparó los fundamentos de la ley con los de la última dictadura militar, afirmando que se busca «cerrar el círculo diabólico que abrió Videla y Martínez de Hoz».
Desde la CTA de los Trabajadores, Claudio Marín (FOETRA y CONSITEL) desmintió el argumento sobre la falta de actualización de los convenios colectivos. «Es una falacia que responde al desconocimiento de lo que son las relaciones del trabajo», sostuvo, explicando que los gremios modifican sus convenios anualmente para adaptarlos a la tecnología, pero sin «firmar a la baja». Marín subrayó que el espíritu de la reforma es «extraer mayor cantidad de ganancia y plusvalía», poniendo como ejemplo la derogación de la Ley de Teletrabajo.

El debate por la Justicia del Trabajo y la constitucionalidad
Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y líder de la UEJN, calificó el alertó que el proyecto viola la Constitución Nacional de «principio a fin». EL gremialista denunció que la norma ignora el principio de progresividad de los derechos humanos y tratados internacionales de la OIT. Asimismo, cargó contra el intento de afectar al fuero laboral: «Quieren hacer desaparecer el fuero del Trabajo, que es el fuero que creó Perón hace 81 años con el sentido de igualar a las partes que no son iguales».
En sintonía, Matías Cremonte, presidente de la ALAL, afirmó que la ley «solo tiene de moderno el título». Advirtió que la regulación propuesta para el trabajo de plataformas va a contramano del mundo al declarar a los repartidores como «independientes». Además, subrayó que «es una ley empresarial y eso va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que mandata a este Congreso a legislar una ley que proteja a los trabajadores», concluyó.

Finalmente, desde el sector de prensa, Carla Gaudensi (FATPREN y SiPreBA) rechazó la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional, señalando que la actividad ya se encuentra «hiper precarizada, con el 70% de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza», apuntó.

