El Gobierno nacional resolvió aplicar fuertes sanciones económicas a dos de los principales sindicatos del transporte tras su adhesión al paro general convocado por la CGT el pasado 19 de febrero. La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei, quien instruyó a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a sancionar a los gremios por incumplir las conciliaciones obligatorias vigentes al momento de la medida de fuerza.
Las multas alcanzarían a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con una sanción cercana a 70 mil millones de pesos, mientras que el sindicato ferroviario La Fraternidad deberá afrontar una penalidad de 20 mil millones de pesos.
Fuentes oficiales aseguraron que ambos gremios vulneraron los procesos de conciliación laboral obligatoria que se encontraban vigentes al momento de la huelga convocada por la CGT, desconociendo el carácter general del paro —convocado no por un sector sino por una central sindical para un reclamo también general.
En un primer momento, el Gobierno evaluó avanzar con una sanción aún más severa: la quita de la personería gremial a las organizaciones sindicales involucradas. Sin embargo, finalmente se optó por aplicar multas económicas como primera medida disciplinaria. El Ejecutivo sostuvo que la sanción representa una instancia previa antes de aplicar medidas más drásticas.
En ese sentido, advirtieron que si los gremios deciden desconocer el pago de las multas, el Gobierno podría reactivar la posibilidad de retirarles su reconocimiento legal como sindicatos. Todo indica que la sanción será judicializada por los gremios.
