Entre los organismos que ya abrieron sus listas de retiros voluntarios se destacan la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde más de 1200 empleados aceptaron la propuesta; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con cerca de 500 salidas; y la Dirección Nacional de Vialidad, que junto a ANSES sumaría unas 2000 desvinculaciones. En tanto, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que en el PAMI se está evaluando la posible apertura de un plan similar, al igual que en los medios públicos (RTA y Contenidos Públicos) y en la Casa de la Moneda.
El plan de retiros voluntarios contempla el pago de alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado. Si bien desde el Gobierno reconocen que implica un gasto inmediato, defienden la medida argumentando que «se recupera en cuestión de meses» y que «evita juicios millonarios». Entre las limitaciones para los empleados que se adhieran, se establece que no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años, so pena de devolver el dinero percibido, y que quienes estén próximos a jubilarse no podrán sumarse al beneficio.
El achique del Estado no es nuevo en esta gestión. Según datos del INDEC, a marzo de este año el Sector Público Nacional Argentino contaba con 276.104 empleados. Desde el inicio de la administración de Javier Milei, ya se registraron más de 61.000 puestos menos en la planta estatal nacional, aunque durante los primeros dos años los recortes se concentraron en la administración pública centralizada. Ahora, el foco está puesto en los organismos descentralizados, en un diseño que lleva adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más valorados por el Presidente.
