El conflicto salarial en el Hospital Garrahan sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que el Consejo Directivo del centro de salud pediátrico comunicara oficialmente su decisión de no percibir el aumento del 61% dispuesto por el Gobierno Nacional para los trabajadores del hospital.
La resolución se conoció un día después de que el Ejecutivo anunciara la suba, retroactiva a octubre, en medio de tensiones con los gremios por reclamos de recomposición salarial.
A través de un comunicado institucional, las autoridades del hospital informaron que “en línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión, los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico resolvieron no percibir el incremento salarial del 61% anunciado el día 4 de noviembre”.
El Consejo está integrado por Mariel Sánchez (presidenta), César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez, quienes firmaron la decisión. La medida fue difundida en las cuentas oficiales del hospital y generó repercusión inmediata en el ámbito sanitario, donde fue interpretada como un gesto simbólico en un contexto de reclamos gremiales y ajustes presupuestarios.
El aumento salarial, considerado “histórico” por la administración, se suma a los bonos fijos mensuales otorgados desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el asistencial. Según se informó, la mejora se financiará con recursos propios del hospital, sin comprometer su equilibrio financiero, y responde a un plan de eficiencia iniciado en diciembre de 2023.
Desde el Ministerio de Salud, el titular de la cartera, Mario Lugones, celebró la decisión de las autoridades del Garrahan. En sus redes sociales destacó que “la austeridad y el orden administrativo permitieron alcanzar el déficit cero, poner en marcha obras y jerarquizar los ingresos de los profesionales”. Además, subrayó que “los recursos son limitados y deben destinarse al equipo de salud y a la atención de los chicos”.
El hospital explicó que mantiene solvencia financiera para adelantar el pago del aumento salarial y que la medida de renuncia al incremento busca “destinar los fondos prioritariamente al fortalecimiento del recurso humano y la infraestructura sanitaria”.
Sin embargo, el contexto institucional sigue atravesado por la tensión gremial. El viernes pasado, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) protagonizó una ocupación de seis horas en las oficinas de la dirección médica, en protesta por los descuentos aplicados a trabajadores que realizaron medidas de fuerza.
Según denunció el sindicato, los descuentos oscilaron entre $300.000 y $500.000, afectando a enfermeras, instrumentadoras y docentes del jardín maternal. El reclamo se centró en la restitución de los haberes y en la apertura de un canal de diálogo con el Consejo Directivo, encabezado por el director Mariano Pirozzo.
En declaraciones públicas, el delegado de ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, afirmó que “la crisis no está resuelta” y acusó a las autoridades de “designar asesores con sueldos millonarios mientras el personal asistencial no llega a fin de mes”. Además, calificó los descuentos como “criminales” y reclamó la intervención del Ministerio de Salud para mediar en el conflicto.
El gremio APyT, en su comunicado, calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y de las infancias” y denunció una gestión “autoritaria y politizada”. Por su parte, las autoridades hospitalarias evitaron responder de manera directa a los cuestionamientos, aunque insistieron en que las medidas salariales apuntan a “fortalecer la estructura de atención y garantizar la sostenibilidad del sistema”.
