La ley de reforma laboral (Ley 27802) reforma en profundidad la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y la Ley 23.546 de Negociación Colectiva, estableciendo mayores controles sobre el funcionamiento interno de los gremios, limitando garantías de los representantes y endureciendo las obligaciones en las negociaciones. Los sindicatos han calificado el paquete como un «duro golpe» a la actividad gremial y han adelantado que impulsarán acciones judiciales para revertir las disposiciones.
Los cambios más relevantes en la Ley 23.551
Sustitución del artículo 20 bis (Ley 23.551): Las asambleas y congresos no deben afectar el normal desarrollo de las actividades ni perjudicar a terceros; requieren autorización previa del empleador para horario, duración y lugar (si se realizan dentro del establecimiento); el gremio debe estar al día con los haberes; los trabajadores no perciben salario durante el tiempo de la asamblea.
Sustitución del artículo 20 ter (Ley 23.551): Se tipifican como infracciones muy graves el afectar la libertad de trabajo de no adherentes mediante intimidaciones o amenazas; organizar bloqueos o tomas de establecimientos; impedir ingreso o egreso de personas o cosas; ocasionar o retener daños a bienes de la empresa o terceros. Las entidades responsables enfrentan sanciones reglamentarias, sin perjuicio de acciones civiles o penales.
Sustitución del artículo 52 (Ley 23.551): La tutela sindical se limita a delegados y representantes titulares electos, ya no incluye candidatos. Establece que los actos de discriminación antisindical se sancionan con nulidad absoluta. Se regula el procedimiento de exclusión de tutela con plazos estrictos.
Los cambios más relevantes en la Ley 23.546
Obligación de negociar de buena fe con sanciones: El incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe (art. 4) se sanciona con multas de hasta 1.000 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Se establece un plazo máximo de 12 meses para las negociaciones.
Los sindicatos cuestionaron duramente estas restricciones y anunciaron medidas judiciales. La CGT y diversas federaciones sectoriales ya estudian presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Justicia para revertir los artículos más cuestionados de la reforma.
