Una destacada federación que agrupa sindicatos municipales en la provincia de Buenos Aires atraviesa su “peor momento institucional”, según fuentes consultadas, debido a un juicio por cobro ordinario que demanda un pago cercano al millón y medio de dólares.
La situación se agrava porque, al momento de activarse los embargos, varias propiedades históricas —entre ellas hoteles sindicales, sedes administrativas y hogares para familiares de trabajadores— “no aparecen” o no figuran en los registros disponibles, según la resolución judicial.
Desde la federación dijeron que esta situación genera “incertidumbre total” entre las organizaciones de base afiliadas, ya que muchas dependen exclusivamente de los códigos de descuento que la federación administra y, de aplicar el embargo, podrían quedar sin recursos para su funcionamiento.
Implicancias para gremios de base y requerimientos legales
Ante la demanda judicial —que asciende a 1.300.000 dólares más 85 millones de pesos según el expediente— la jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Morón ordenó inhibiciones de cuentas y embargos de bienes.
Fuentes consultadas indican que entre las propiedades cuya trazabilidad perdió el rastro figuran un hotel ubicado en la calle Corrientes de Mar del Plata, un complejo hotelero en Córdoba, la sede gremial en Avellaneda y un hogar para familiares de trabajadores en La Plata.
Desde la federación dijeron que “es necesario que se esclarezca a nombre de quién están las propiedades” y que se convoque a una asamblea o congreso que dé cuenta de eventuales ventas o transferencias aprobadas, a fin de transparentar la situación.
Para los sindicatos de base esta crisis puede derivar en la pérdida de recursos para su operación: si las cuentas quedan finalmente embargadas, los fondos que llegan vía el organismo mayor podrían quedar retenidos, afectando a cerca del cincuenta por ciento de las organizaciones que no tienen personería gremial propia.
