El gremio aseguró que el proyecto podría enviar señales que desestimulen la inversión y conduzcan a un desabastecimiento de energía en pocos años
Varios reparos hizo el Consejo Gremial Nacional (CGN) al proyecto de decreto que publicó el 25 de marzo el Ministerio de Minas y Energía y con el cual el Gobierno nacional modificaría la normatividad del sector eléctrico con el fin de bajar las tarifas de este servicio.
En carta enviada al presidente Gustavo Petro cuanto a las políticas para la formación eficiente de precios, el Consejo Gremial identificó preocupación en diferentes lineamientos que en su conjunto reducen los grados de libertad para la operación en el mercado de los agentes.
“La lectura integral de los artículos lleva a la idea de que se busca migrar a un despacho por costos en lugar de mantener las señales de un mercado eficiente, en beneficio de los usuarios, aun cuando la ley ha sido clara en establecer que el mercado de energía eléctrica se desarrolla en el marco de la libre competencia”, expuso.
Con respecto a la valoración económica del recurso hídrico, este aseguró que no resulta claro qué se entiende por “vertimiento no justificado”, por tanto no es claro cuáles serán las formas de determinar dichos vertimientos y las respectivas compensaciones a los usuarios.
Frente a las medidas para el seguimiento y monitoreo del poder de mercado en las ofertas de bolsa, el CNG considera que antes de analizar situaciones en las que el ejercicio de poder de mercado pueda convertirse en un obstáculo para el mercado, es necesario tener claro que ostentar una posición de poder de mercado no implica el ejercicio de este ni mucho menos su abuso.
“Esta claridad la ha identificado la literatura relacionada e incluso la menciona la misma Superintendencia de Servicios Públicos en sus informes trimestrales de mercado”, manifestó.
Sobre la disposición que plantea la reducción del valor de las garantías, recomendó que la regulación que se defina “mitigue” el riesgo sistémico al mercado en caso de que se pueda afectar la garantía del pago de la energía generada por parte de los agentes.
Prestador de Ultima Instancia (PUI)
Acerca de la reglamentación del Prestador de Ultima Instancia (PUI), considera de gran relevancia que el regulador busque resolver los bajos niveles de servicio en las áreas especiales que surgen por diferentes aspectos como los logísticos, entre otros.
“Queremos notar que la reglamentación debe evitar que se generen incentivos para que la atención de estos mercados se delegue completamente al PUI y que se trasladen costos a los comercializadores incumbentes, o al PUI, ocasionados por prestadores que fallen en la prestación del respectivo servicio”, agregó.
Sobre el artículo 5 reconoce de gran importancia los incentivos para el desarrollo de sistemas solares de autogeneración en áreas especiales. Al respecto, según este, es importante que estos se traduzcan en una reducción tarifaría por reducción de pérdidas y no generen costos adicionales..
Acciones urgentes
También menciona que entre las propuestas para mejorar la cobertura para los comercializadores en procesos de compras de energía ve necesario avanzar en las siguientes acciones:
– Acelerar la entrada efectiva de los proyectos de generación y transmisión que amplíen la competencia en la oferta de energía teniendo en cuenta la importancia de la disponibilidad física para los mismos. Esto requiere de una coordinación efectiva con las diferentes entidades del Gobierno nacional.
– Acelerar la implementación de los nuevos mecanismos de contratación anónimos, como los de la Bolsa Mercantil, Derivex, y los demás que puedan surgir en el marco de la regulación que, para el efecto, ha dictado la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas).
“En conclusión, el proyecto de decreto podría enviar señales que desestimulen la inversión y conduzcan a un desabastecimiento de energía en pocos años. El proyecto desconoce las reglas para la gestión óptima de recursos de los agentes, así como la evolución e institucionalidad del sector”, precisa.
Además, que el mismo no considera el éxito del modelo de mercado que tiene el país durante las últimas tres décadas, en garantizar la atención efectiva de la demanda de energía y no da solución a problemas reales que se vienen presentando en la actualidad y que limitan la expansión de la infraestructura de generación y transporte, lo que podría inducir a una crisis que lleve a una involución de nuestro actual sistema”.
Asimismo, el Consejo Gremial invitó al Gobierno a enfocar los esfuerzos en trabajar por las soluciones que pueden mejorar la situación de los usuarios en el corto plazo y señaló que Ias intervenciones coyunturales al mercado pueden generar efectos indeseados.
FUENTE: Infobae
