Un informe elaborado por CONADU advierte sobre los efectos negativos que tendría la reforma educativa que propone el presidente Javier Milei en la Ley Ómnibus que se está discutiendo en el Congreso nacional.
Para el gremio de docentes universitarios «las modificaciones propuestas a la Ley de Educación Superior se dirigen especialmente contra los avances en términos de derecho que se habían logrado con las modificaciones de la Ley Puiggrós».
Los fundamentos de CONADU
Así, CONADU concluye que su eventual aprobación es «una amenaza para la universidad pública, gratuita y de calidad», ya que «avanzan sobre la autonomía universitaria, al mismo tiempo que buscan desregular el sector en clave de mercantilización».
La Ley Ómnibus contra el derecho a la educación superior
En un documento comparativo, el IEC-CONADU evalúa los cambios que los cuatro artículos dedicados a las universidades suponen en relación a la normativa actual, en especial, la Ley Puiggros.
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— IEC-CONADU (@IEC_CONADU) January 10, 2024
Uno de los puntos en que la organización gremial hace hincapié para rechazar el proyecto es la idea de suprimir la posibilidad condicionada del ingreso a los estudios superiores a mayores de 25 años sin secundaria cumplida, incorporando los exámenes de ingreso como alternativa a procesos de nivelación y orientación vocacional y profesional.
«Como ya fue ampliamente comprobado por investigaciones con base empírica sobre experiencias nacionales concretas, la incorporación de exámenes de ingreso a los estudios de grado supone una práctica excluyente, aún cuando se interpretara con cierta benevolencia que la alternativa de los procesos de nivelación podría morigerar dicho efecto», alertó el sindicato que lidera Carlos de Feo.
Por otra parte, otra cuestión que también despierta polémica entre los docentes universitarios es el cambio que se busca implementar en los criterios de financiamiento, lo que aseguran abre la puerta a la «mercantilización» de la educación.
Y explica que eso sucedería «por la potencial transferencia de recursos al sector privado, como puede advertirse en la experiencia de otros países».
Un panorama negro para la educación superior
Además, CONADU analiza que estos criterios «son especialmente desfavorables para las universidades nuevas, que tienen menos estudiantes, pero requieren más recursos para comenzar a funcionar y desarrollarse».
Del mismo modo que destaca que «la asignación de recursos en función del ‘tipo’ de carreras puede ser un condicionamiento fuerte para orientar las decisiones de las instituciones en relación a sus proyectos académicos y a su vinculación con las necesidades y características del territorio y su población, una dimensión que está ausente de las evaluaciones eficientistas».
Por último, en todos los gremios del sector también hay mucha molestia por la cuestión salarial, frente a la amenaza de prorrogar el presupuesto 2023 para este año, congelando los ingresos.
Frente a la inflación constantemente en crecimiento, todo indica, adelantaron, que entre marzo y abril de este año ya no habría más recursos en las universidades públicas. Eso, sumado a la combinación de reformas y problemas de financiamiento consideran que puede ser «mortal» para la educación superior.