Las CTA advirtieron que el desfinanciamiento del programa ya afecta tratamientos esenciales y convocaron a una campaña nacional para exigir la restitución de recursos y garantizar el acceso a medicamentos gratuitos.
Las centrales sindicales CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma manifestaron su «más enérgico rechazo» ante el vaciamiento y eventual cierre del Plan Remediar, al que consideran una política pública clave para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el país.
A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones advirtieron que esta decisión, enmarcada en un contexto de ajuste, «constituye un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de personas que dependen de la salud pública». En esa línea, remarcaron que el acceso a los medicamentos «es un derecho y no un negocio».
El Plan Remediar fue creado en 2002, en medio de una profunda crisis socioeconómica, con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de fármacos esenciales mediante centros de atención primaria. A lo largo de más de dos décadas, permitió la distribución de botiquines en todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a personas sin cobertura médica y generando ahorro estatal a partir de la compra centralizada.
Sin embargo, las centrales sindicales denunciaron que el actual desfinanciamiento ya tiene consecuencias concretas, como recortes en el vademécum, demoras en la entrega de insumos y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y el asma. Según indicaron, este escenario incrementa las internaciones evitables y traslada la demanda hacia hospitales públicos que ya se encuentran saturados.
«El cierre definitivo del Plan Remediar profundizaría la desigualdad y dejaría el derecho a la salud condicionado a la capacidad de pago», alertaron. Asimismo, calificaron la medida como una política que trasciende el plano fiscal y la definieron como un caso de «crueldad institucionalizada».
Ambas CTA convocaron a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales y gremiales a defender el acceso a los medicamentos y visibilizar la situación en todo el país. Además, anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional en defensa del programa y exigieron la restitución urgente del presupuesto necesario para garantizar el derecho constitucional a la salud.
