En medio de la polémica entre los Moyano y Jorge Macri por el reclamo de pago de 6.000 indemnizaciones a choferes de una empresa que deja de prestar servicios a la Ciudad de Buenos Aires, un legislador de la Coalición Cívica presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que apunta directamente a limitar el poder del sindicato de Camioneros.
El proyecto es del legislador Facundo Del Gaiso, quien ya demostró animosidad contra Pablo Moyano en el pasado y llegó a denunciarlo penalmente.
Del Gaiso busca terminar con lo que en la jerga de los funcionarios porteños es denominado «Ley Moyano»: cuando cambia una concesión en la Ciudad, los choferes que son cesados por la empresa que pierde esa concesión cobran su indemnización, que paga el Gobierno, aunque lo normal es que la empresa que asuma el servicio les garantice la continuidad laboral.
Lo que busca impedir el proyecto del legislador de la Coalición Cívica es, precisamente, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga que pagar un resarcimiento cuando hay continuidad laboral, además de penalizar a los funcionarios que habiliten esos pagos.
En julio pasado el propio Del Gaiso denunció penalmente por extorsión a Pablo Moyano en el marco del conflicto por la licitación de las grúas, que terminó con una protesta de Camioneros que dejó la ciudad de Buenos Aires inundada de basura.
Del Gaiso y Moyanolandia
Tras su presentación judicial contra lo que denominó “el clan Moyano”, Del Gaiso expresó que “las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”.
En ese momento, el hijo de Hugo Moyano criticó al legislador porteño burlándose de su apellido: “Este Ganso… Hace todas las denuncias que quieras hacer. No tiene sentido contestarle a un tipo así. No ven a un laburante ni en fotos, no saben lo que es estar recolectando los residuos con lluvia, calor, frío, en la pandemia. Y por eso estamos pidiendo el reconocimiento, que es el pago de las indemnizaciones”.
Ahora, Del Gaiso intenta pulverizar el reclamo del gremio para que se paguen indemnizaciones a 6.000 trabajadores del sector -que, según la Ciudad, suman unos 200 millones de dólares-, a causa del vencimiento de los contratos de recolección de residuos.
El eje del conflicto es que el 1 de octubre vencen los contratos de recolección de residuos de la Ciudad con las seis empresas que brindan ese servicio en CABA.
«Lo que reclama Pablo Moyano es un absurdo. Ni a Perón se le hubiera ocurrido considerar que están terminados los contratos de basura a los 10 años aunque se prorrogaron hasta 2028, y exigir el pago de la indemnización de los trabajadores, manteniendo la antigüedad, para que sigan trabajando», señaló Del Gaiso.
Camioneros, firme en su postura
Mientras Camioneros reclama una compensación para los trabajadores, además de la continuidad laboral, el gobierno porteño rechaza esa exigencia explicando que en 2020 los contratos se prorrogaron por cuatro años a partir de 2024, por lo que el nuevo vencimiento es el 30 de septiembre de 2028.
En su postura, el sindicato interpreta que aún se encuentra vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a esas seis empresas la recolección de residuos. Por eso insiste en que, incluso en caso de prórroga, corresponde indemnizar a los trabajadores.
Con su proyecto, según especifíicó Del Gaiso, busca modificar la Ley 4003 de CABA que no está referida a la recolección de residuos sino a las grúas de acarreo, pero que sentó una base jurídica para reclamar en casos similares, como éste.
Esa ley -sancionada en 2011 y promulgada por Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno-, en su artículo referido a los derechos laborales indica que es el Poder Ejecutivo porteño el que debe «resguardar la totalidad de los derechos de todos los trabajadores que se encuentran bajo relació de dependencia de las actuales concesionarias de estacionamiento (…) incluyendo el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder al personal».
Del Gaiso impulsa que los resarcimientos pesen sobre las empresas y no sobre el erario porteño. Y que en caso de que las firmas no cumplan, no puedan trabajar más en la Ciudad de Buenos Aires.