La justicia porteña avanzó en la criminalización de la protesta sindical. Ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) fueron indagados y quedaron virtualmente procesados por los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga contra la pyme Lácteos Vidal.
La indagatoria se realizó este jueves en la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 de CABA. Los hechos investigados corresponden a un duro conflicto gremial que tuvo lugar durante casi dos meses en 2022, a raíz de la negativa de la empresa a recategorizar a algunos empleados.
Dirigentes imputados
Los imputados son Heber Ríos, secretario General de la Seccional General Rodríguez; Sergio Raúl Longo, subsecretario de la Seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo provincial en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen, y otros cinco vocales y delegados.
Se trata de importantes sindicalistas de la organización liderada a nivel nacional por Héctor Ponce. El conflicto se originó con la empresa de Alejandra Bada Vázquez, que fue bloqueada por el gremio en sus sedes de Moctezuma (Carlos Casares) y Villa Devoto (CABA).
«Excedieron el derecho a huelga»
Según los abogados de la pyme, es la primera vez en CABA que se utiliza esta figura contra acciones sindicales, un precedente que genera alarma en el movimiento obrero. El fiscal acusó a los imputados de «desplegar (…) acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer».
La acusación incluye la «ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas», la «intimidación al personal» para que se sumara a la huelga y la «obstaculización y/o impedimento del ingreso y egreso de mercadería».
Para la fiscalía, estas acciones coordinadas y planificadas tuvieron la «finalidad de generar pérdidas económicas a Lácteos Vidal». Se estima un perjuicio económico de más de 61 millones de pesos (a valor de 2022).
La defensa de los dirigentes, a cargo del abogado Gonzalo Alvaro Díaz Cantón, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de «mentiras». «Nosotros ya fuimos juzgados por esto», afirmó, en referencia a instancias previas del conflicto.
