El conflicto laboral en el Puerto de Concepción del Uruguay sumó un capítulo de gravedad en las últimas horas. Los estibadores, nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local, llevaban adelante un reclamo pacífico por el reconocimiento de su organización sindical, la defensa del trabajo local y mejores condiciones laborales frente a la empresa Urcel SA (de capitales uruguayos), que según denuncias marginaba a los trabajadores entrerrianos, incorporaba personal de otras localidades en condiciones precarias y pagaba jornales entre los más bajos del sector portuario en el país. Un audio filtrado compromete a la conducción de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA).
En medio de este conflicto —que incluyó un paro y protestas en los accesos al puerto—, se produjo una violenta represión policial el pasado lunes, con uso de balas de goma y palos, que dejó varios heridos de gravedad y detenidos. El operativo ocurrió pese a que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos había dictado la conciliación obligatoria ese mismo día (por 15 días hábiles, con audiencia convocada para el 10 de febrero en Paraná), lo que obliga a suspender medidas de fuerza y prohíbe represalias.
Audio exclusivo: Así un dirigente de FeMPINRA pedía represión para los estibadores
“Estoy gestionando para que actúe la policía”, se escucha decir en el audio, una frase que para los trabajadores resulta particularmente grave en un contexto de reclamo pacífico por trabajo local.
Estas frases refuerzan las denuncias de sectores sindicales sobre una posible coordinación entre la empresa, autoridades portuarias y actores gremiales para reprimir el reclamo. Los trabajadores consideran particularmente grave que un dirigente sindical impulse o acelere la intervención represiva contra una protesta pacífica por derechos laborales básicos.
FeMPINRA y el “protocolo antipiquetes”
Diversos sectores gremiales señalan que la postura de FeMPINRA en este caso se alinearía en los hechos con el “protocolo antipiquetes” impulsado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei. El audio atribuido a Héctor “Piru” Rojas es presentado como un elemento probatorio que, según los denunciantes, demostraría un respaldo práctico a ese esquema.
El episodio ha generado fuerte cuestionamiento interno en el movimiento portuario, con críticas a la selectividad de FeMPINRA y llamados a esclarecer los hechos para garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores.
