En el sindicato aseguraron que “cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno” y acusaron a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación) de desconocer los parámetros de seguridad aérea. Denunciaron que la administración libertaria no da respuesta a la falta de insumos y móviles sanitarios para garantizar un entorno de trabajo seguro.
“Faltan ambulancias, la mayoría están rotas, tampoco hay insumos para atender emergencias, faltan extintores. Lo que está ocurriendo es una desidia total. La verdad es que son unos improvisados que están jugando con la vida de la gente”, continuó Aguiar.
En este contexto, el sindicato plantea dudas respecto del destino del 90% de los fondos que se recaudan en concepto de tasa aérea y pagan los pasajeros a la hora de adquirir un boleto de avión. “Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que deberían estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores”, plantearon.
ATE anunció que realizará retención de tareas el próximo viernes 6 de noviembre, en la previa del fin de semana largo por el arribo del Papa León XIV a la Argentina. La medida podría afectar a 27 aeropuertos de todo el país.
En el sindicato de empleados estatales advierten por posibles demoras y cancelaciones de vuelos. Los únicos traslados que están garantizados durante el período de protesta son los vuelos sanitarios, humanitarios, de transporte de órganos y oficiales.
Además, en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el gremio que conduce Aguiar llevará adelante un “paro a la japonesa”. La medida de fuerza se basa en el control y la fiscalización total de las aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operaciones.
En el sindicato argumentan que los aeropuertos nacionales e internacionales del país atraviesan un grave deterioro que supone una violación sistemática a la obligatoriedad de proveer condiciones de higiene, seguridad técnica y un ambiente de trabajo digno.
En este contexto, exigen que el gobierno aclare cuál es el destino de los fondos derivados del cobro de la tasa aérea. Según ATE, solo una pequeña proporción de ese dinero se destina a mejorar el estado de las instalaciones.
“A pesar de que el impuesto a la tasa aérea abonado por cada pasajero en la República Argentina genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de dichos fondos retorna para el fortalecimiento operativo del organismo, como así tampoco para salarios del personal del organismo, contradiciendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica”, argumenta el sindicato en un documenta enviado a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.
ATE exige, además, que se realicen inspecciones integrales de higiene y seguridad en distintos aeródromos y que se cumpla con el mantenimiento de equipos y la entrega de elementos de protección personal para sus trabajadores. En particular, ponen el foco en el deterioro de dos aeropuertos con fallas en sus autobombas: el Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, en San Luis, y El Pucú, en Formosa.
