La advertencia surge de un informe elaborado por trabajadores de la empresa sobre el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001, que contempla la conformación de Uniones Transitorias con empresas privadas para operar las plantas. Desde el sector gremial sostienen que el mecanismo permitiría transferir buena parte de la gestión operativa, productiva y comercial sin que exista formalmente una privatización aprobada por el Congreso.
Pero uno de los puntos que genera mayor preocupación dentro de ATE está directamente relacionado con el futuro de los trabajadores de Fabricaciones Militares.
Según el análisis gremial, el pliego no establece garantías de estabilidad laboral, tampoco fija un piso mínimo de dotación ni incorpora compromisos concretos para preservar los puestos de trabajo. A esto se suma que no estaría contemplada la participación sindical ni un mecanismo de consulta a las organizaciones gremiales en las decisiones vinculadas al nuevo esquema.
El modelo previsto contiene una particularidad que ATE pone bajo la lupa: los trabajadores actuales continuarían siendo empleados de Fabricaciones Militares, pero sería el operador privado quien tendría facultades para organizar el trabajo cotidiano.
Esto significa que podría intervenir en aspectos como horarios, turnos y condiciones de funcionamiento de las plantas, mientras que los salarios y las cargas sociales de los trabajadores continuarían a cargo de Fabricaciones Militares.
El contrato también contempla un mecanismo para distribuir eventuales indemnizaciones por despido, otro elemento que aparece dentro de las advertencias realizadas por los trabajadores.
A su vez, el denominado Plan de Dotación representa cinco puntos dentro de la evaluación técnica de las ofertas. En paralelo, las nuevas incorporaciones realizadas directamente por la Unión Transitoria quedarían alcanzadas por el régimen laboral privado.
De concretarse el esquema en esos términos, podrían convivir dentro de una misma estructura productiva trabajadores pertenecientes a Fabricaciones Militares y empleados incorporados bajo condiciones laborales privadas.
La preocupación gremial se profundiza por la duración prevista para los contratos. El pliego contempla períodos que van desde los 10 hasta los 35 años, por lo que, en su extensión máxima, el modelo podría mantenerse vigente hasta 2061.
ATE también cuestiona la distribución del poder dentro de las futuras Uniones Transitorias. El operador privado deberá contar con al menos el 51% de participación, sin que se establezca un porcentaje máximo, y tendría tres representantes dentro de un Comité Ejecutivo de cinco integrantes, además de ocupar su presidencia.
Entre las decisiones que pasarían por ese órgano se encuentran cuestiones sensibles para los trabajadores, como los presupuestos anuales y la contratación de personal y equipamiento.
El informe gremial advierte además que las empresas participantes podrían ser extranjeras, por lo que eventualmente un operador del exterior podría asumir un rol mayoritario en actividades vinculadas a la producción de municiones, pólvoras, explosivos, armamento y otros insumos estratégicos.
Para los trabajadores nucleados en ATE, por lo tanto, la discusión excede el modelo societario de Fabricaciones Militares. El eje está puesto también en qué garantías tendrán los puestos de trabajo, qué participación conservarán los gremios y quién terminará definiendo las condiciones laborales dentro de las plantas.
En ese escenario, el sindicato sostiene que el concurso podría terminar configurando una transferencia material del control hacia operadores privados durante décadas, mientras el Estado mantendría obligaciones laborales y salariales sobre una parte de los trabajadores sin conservar el mismo nivel de conducción sobre la actividad cotidiana.
