La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su preocupación ante posibles modificaciones en el esquema de regulación del transporte a nivel nacional, al advertir que podrían implicar un debilitamiento de las funciones de control y fiscalización que actualmente desarrolla la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Desde el gremio que conduce Rodolfo Aguiar señalaron que los cambios en análisis incluirían una redefinición de competencias del organismo, lo que podría impactar en áreas clave vinculadas a la seguridad vial, los controles en rutas y terminales, y la supervisión de distintos servicios de transporte de pasajeros y cargas.
Cuestionamientos al rol de control estatal
ATE advirtió que una eventual reducción de funciones de la CNRT implicaría afectar su capacidad operativa como ente regulador, encargado de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en el transporte terrestre.
En ese sentido, el sindicato expresó su rechazo a cualquier iniciativa que implique una pérdida de centralidad del organismo en tareas de inspección, al considerar que se trata de funciones esenciales para la prevención de accidentes y el resguardo de los usuarios.
Preocupación por la seguridad vial
Entre los puntos señalados, el gremio hizo foco en el impacto que podrían tener estos cambios sobre los mecanismos de control en viajes de larga distancia, transporte estudiantil y traslado de cargas peligrosas, donde actualmente se realizan inspecciones periódicas.
ATE sostuvo que la reducción o redistribución de estas tareas podría generar vacíos en la fiscalización, debilitando los controles preventivos que hoy se llevan adelante en distintos puntos del país.
Impacto en trabajadores y funcionamiento del sistema
El sindicato también advirtió que una reestructuración del esquema de regulación podría repercutir en las condiciones laborales del personal que cumple funciones en el organismo, así como en la disponibilidad de recursos para llevar adelante tareas de control.
En este contexto, ATE remarcó la importancia de preservar estructuras estatales especializadas en la regulación del transporte, al considerar que su fortalecimiento resulta clave para garantizar estándares de seguridad y funcionamiento adecuados en todo el sistema.
