El secretario general de la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), Arturo Quiñoa, mostró su preocupación con respecto al creciente endeudamiento de las familias trabajadoras del país y cuestionó la quietud de las autoridades del gobierno nacional con respecto al tema.
Quiñoa hizo una diferenciación entres las entidades bancarias y las billeteras virtuales como Mercado Pago o Tarjeta Naranja al señalar que “los primeros están regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mientras que las otras hacen lo que quieren, ya que cobran intereses prácticamente criminales”.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente mencionó que “lamentablemente la gente está desesperada porque comenzó a endeudarse para comprar comida, usa la tarjeta de crédito para eso y no tanto para un imponderable o para comprarse una heladera o costear un viaje”.
“También, hay numerosos casos donde los trabajadores utilizan la tarjeta para ayudar a sus familias, como a sus padres que cobran la mínima”, señaló y reveló que “hace poco conocí el caso de un empleado que debe 70 millones de pesos en tarjeta, pero no los gastó para él, sino que para sus cuatro hermanos, los ayudó con gastos de farmacia y alimentación”.
Para el sindicalista, la morosidad está relacionada con “la falta de educación financiera de las familias, ya que muy pocos saben lo que son, por ejemplo, la tasa nominal y el costo financiero total de las tarjetas de crédito”. “Los bancos tendrían que explicar a los clientes cómo se deben usar”, comprendió.
Otro punto donde puso la lupa es en la publicidad engañosa de las startup. “Al principio, te aplican un interés muy bajo, pero luego te matan si pedís prestado un momento superior”, alertó en ese sentido.
Posteriormente, planteó como posibles soluciones la extensión de los plazos de pago y la aplicación de tasas de interés más cercanas al índice de inflación.
A la vez, propuso “un esquema de supervisión en el otorgamiento de créditos para las plataformas virtuales”.
Sin embargo, hizo especial hincapié en el rol de las autoridades nacionales en el tema. A propósito, recalcó que “el Gobierno no puede decir que es un tema de privados, debe tener una mayor empatía con las personas endeudadas”.
“Ajustar sobre los ajustados”
Bajo ese sentido, comentó que “el Gobierno cree que la persona endeudada está así porque cometió errores y se la margina”. “No creo que lo hagan de maldad, sino por ignorancia, porque nunca pasaron por estos problemas, porque no saben lo que es irse a dormir sin comer”, añadió.
“En algunas situaciones, a las personas no les queda otra cosa que pedir a prestamistas vinculados al ámbito del delito, los cuales cobran intereses por día”, advirtió.
Quiñoa opinó que “no se puede ajustar sobre los ajustados porque no hay economía que aguante de esta manera, estamos ante una mayor pérdida del poder adquisitivo, aumento de la informalidad laboral y de pérdida de trabajo”.
“El Estado no puede correrse de este problema, no puede permitir que la economía se desborde y que mucha gente quede asfixiada por el nivel de endeudamiento existente”, reflexionó.
