La Confederación General del Trabajo (CGT) está desplegando una estrategia de pinzas para frenar la aprobación exprés de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei y aplazar su tratamiento a las sesiones ordinarias del Congreso. El secretario Adjunto de la central y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, manifestó que el objetivo de la entidad obrera es modificar estructuralmente el proyecto oficial, y subrayó que la actual letra de la iniciativa tiene un trasfondo político ajeno a las necesidades reales de los trabajadores.
Para Rodríguez, el concepto de «modernización» que intenta instalar el Ejecutivo es solo una etiqueta vacía. «Consideramos que hay toda una carga ideológica sobre el tema de este proyecto de ley», sentenció el dirigente en diálogo con radio Rivadavía. Además, subrayó que la creación de puestos de trabajo estables no depende de cambios normativos, sino de una activación económica genuina “que apueste a la producción”, más allá de que la inversión sea local o extranjera.
La estrategia del calendario: evitar las extraordinarias
El plan de acción de la CGT, coordinado por su triunvirato de conducción, busca evitar que el proyecto sea tratado «entre gallos y medianoche» durante el período de sesiones extraordinarias que inicia el 2 de febrero. La intención del sindicalismo es dilatar el tratamiento hasta el inicio del período ordinario, el 1 de marzo, para ganar tiempo y profundizar los puentes parlamentarios con gobernadores y senadores nacionales.
Alianza con gobernadores y senadores
La central obrera intensificó las últimas semanas los contactos con mandatarios provinciales y legisladores de la Cámara Alta para exponer los riesgos de la ley y negociar tanto el aplazamiento del debate como el contenido de fondo del proyecto.
Los principales ejes del rechazo de la CGT radican en la crítica de que el proyecto afecta los recursos de las obras sociales, el sistema previsional y las arcas de las provincias por un monto estimado en 12.000 millones de dólares.
A su vez, denuncian que la redacción fue realizada por estudios de abogados vinculados a grandes corporaciones, dejando de lado a las pymes y que la normativa no prevé incentivos para la inversión productiva ni garantiza el mantenimiento de los derechos adquiridos.
Desde la conducción de la CGT, integrada por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio) enfatizaron que «lo que se juega es el futuro de la Argentina» y que el Gobierno no entabló ningún tipo de diálogo con la central para debatir el proyecto.
Con este marco, la CGT advierte que agotará todas las instancias, desde la presentación de propuestas técnicas alternativas hasta el recurso a la vía judicial o la movilización, para impedir la aprobación de la reforma.
