La jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, absolvió a Guillermo Quiroga en el juicio por presunta defraudación de más de $22 millones contra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En su sentencia, consideró que existía una «certeza negativa absoluta respecto a la inexistencia de delito penal» y cuestionó los fundamentos utilizados por la Fiscalía para sostener la acusación.
El dirigente había llegado a juicio acusado de defraudación por administración fraudulenta, en calidad de autor, por hechos que habrían ocurrido entre noviembre de 2019 y mayo de 2023. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general Lucas Papini, sostenía que se había producido un perjuicio patrimonial superior a los $22 millones mediante el desvío de fondos sindicales.
Según la acusación, Quiroga habría transferido un total de $22.765.769 desde cuentas institucionales de ATE, principalmente del Banco del Chubut, hacia cuentas personales en distintas entidades financieras.
Durante el debate, la Fiscalía y los querellantes plantearon que ese dinero habría sido utilizado para pagar tarjetas de crédito, realizar compras particulares, transferir fondos a cuentas de sus hijos, adquirir bienes y financiar viajes, entre otros gastos que consideraban ajenos a los objetivos del sindicato.
Sin embargo, Breckle entendió que esas circunstancias no fueron acreditadas como una defraudación ni permitieron demostrar un perjuicio económico para la organización.
EL DATO DE ATE QUE LA MAGISTRADA PUSO EN EL CENTRO DEL FALLO
Uno de los principales argumentos de la sentencia estuvo relacionado con las respuestas que la propia asociación sindical había brindado durante la investigación.
La jueza señaló que, desde el primer requerimiento realizado por el entonces fiscal general Omar Rodríguez a las autoridades de ATE, los representantes del gremio habían sostenido que el patrimonio de la entidad no había sufrido daños.
A partir de ese planteo, cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal y apuntó contra su falta de objetividad.
En ese sentido, afirmó que «la falta de objetividad al menos del MPF» quedó expuesta porque «quien representa a la víctima del delito, al sujeto pasivo de este, eligió desconocerlo y optó por quedarse con una víctima más cómoda a sus intereses en el presente proceso».
La magistrada también coincidió con el defensor de Quiroga, Edgardo Oscar Romero Bruno, quien sostuvo que, si ATE no reconocía un perjuicio sobre sus bienes, no podía darse por acreditada la existencia de una víctima de la defraudación investigada.
LA CARGA DE LA PRUEBA Y LOS CUESTIONAMIENTOS A LA FISCALÍA
Otro de los puntos centrales del fallo fue la obligación de demostrar el supuesto uso irregular del dinero. Breckle cuestionó que los acusadores hubieran puesto el foco en la falta de explicaciones de Quiroga sobre el destino de los fondos.
Al respecto, recordó que el imputado no tiene la obligación constitucional de demostrar su inocencia.
«El fiscal sabe bien que Quiroga no debe acreditar nada, constitucionalmente tiene el derecho de no hacerlo», expresó.
En la misma línea, agregó: «Quien debió determinar y probar que Quiroga no utilizó ese dinero para ATE y lo usó para fines personales es el fiscal o, en su caso, alguno de los acusadores. Esa función es exclusiva del acusador cuando decide llevar a una persona imputada por un delito a un debate oral y público».
También cuestionó la pericia contable presentada por los acusadores sobre los movimientos financieros del dirigente. Según consideró, el análisis no habría mantenido la objetividad necesaria para determinar el destino de los fondos.
Sobre ese trabajo, sostuvo que «no buscaban objetivamente saber la verdad, sino que se observan sesgados en la búsqueda de una conclusión que en definitiva pusiera algún número a una presunta defraudación».
QUÉ DIJO SOBRE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL DIRIGENTE
La jueza también consideró equivocado que la investigación tomara como únicos ingresos legítimos de Quiroga los haberes que percibía en el Ministerio de Salud. Señaló que no existía ninguna prohibición para que pudiera contar con otras fuentes legales de ingresos.
Al analizar los resúmenes de sus tarjetas de crédito correspondientes a los últimos cuatro años, indicó que los consumos no demostraban un nivel de gastos excesivo ni permitían sostener, por sí solos, la hipótesis de la Fiscalía.
Además, destacó que durante el juicio se acreditó que ATE contaba con un sistema de controles cruzados sobre sus cuentas bancarias. Ese mecanismo fue explicado por De Gennaro, actual secretario de Finanzas de ATE Nación, y respaldado por testimonios de empleados de los bancos Chubut y Nación.
LA CRÍTICA A LA DENUNCIANTE Y EL CIERRE DEL FALLO
En la sentencia también hubo observaciones sobre Claudia Barrionuevo, dirigente sindical que realizó la denuncia y que se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE.
Breckle cuestionó que alegara desconocer las cuentas y los gastos de la organización por encontrarse en su lugar de trabajo y sin licencia gremial. Para la magistrada, esa circunstancia no la eximía de las responsabilidades vinculadas a su cargo dentro de la entidad.
Finalmente, la jueza coincidió con la postura de la defensa respecto del origen de la denuncia y sostuvo que «fue armada, falsa y con una finalidad específica que en definitiva era desprestigiar a un contrincante de la política gremial, candidato en las elecciones de ATE período 2023-2027».
De esta manera, Quiroga fue absuelto de la acusación por presunta administración fraudulenta, en un fallo que cuestionó la investigación fiscal, la interpretación de los movimientos bancarios y la existencia misma de un perjuicio económico para el sindicato.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR
